MADRID. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado como responsable civil subsidiario de un caso de acoso sexual de un inspector de policía de San Sebastián a una subordinada, a la que coaccionó para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de «favores profesionales» y amenazó con que si no accedía a sus pretensiones «se truncarían sus expectativas laborales».
El inspector fue condenado el 27 de junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa al pago de una multa de 1.080 euros y a indemnizar a su subordinada con 3.000 euros. Tras examinar el recurso de casación, el Supremo mantiene esa condena, pero establece que el Estado es responsable civil subsidiario de la cantidad que el condenado ha de pagar a su víctima.
