J. G.
BARCELONA. La prostitución, y en concreto los problemas legales derivados de la instalación de macroprostíbulos en municipios como Mataró, así como los brotes xenófobos contra los inmigrantes -léase Salt- han servido para unir a las dos asociaciones municipalistas de Cataluña más allá de colores políticos y con la mira puesta en el Govern. Por un lado, la Federació de Municipis (FMC),proclive al PSC, y la Associació Catalana de Municipis (ACM), afín a CiU acordaron ayer instar a la Generalitat a regular reglamentariamente los requisitos y condiciones que deben cumplir los prostíbulos para que los ayuntamientos «dispongan de un marco jurídico claro» que les permita limitar la proliferación de estos establecimientos, su tamaño y su ubicación.
Por otro lado, la Comisión Municipalista de Cataluña -formada por seis alcaldes de la FMC y seis de la ACM- reclamaron que los alcaldes «puedan disponer» de los Mossos d´Esquadra y no se repitan situaciones como la de Salt.
En relación a la prostíbulos, las asociaciones municipalistas, que han tomado esta decisión consideran que la actual normativa es «manifiestamente insuficiente» para que los ayuntamientos dispongan de herramientas efectivas.
Explican que diversos municipios se han encontrado ante situaciones «complejas» ya que debe aplicar la normativa vigente, el Decreto de la Generalitat 217/2002, pero la prostitución es una actividad económica no regulada por ley. También reafirmaron su compromiso para garantizar a losvecinos la seguridad y la cohesión social y acordaron solicitar al Parlament que legisle las conductas que generan problemas de convivencia, especialmente la reincidencia delictiva.
En cuanto a la Comisión Municipalista de Cataluña, ayer se reunieron para abordar el debate sobre la convivencia, generado tras la tensión suscitada entre inmigrantes y autóctonos en Salt por problemas de seguridad ciudadana.
El presidente de la FMC, Manuel Bustos,quiso dejar claro que lo que se reclama «no son competencias sobre los Mossos, ni más efectivos», sino que los alcaldes «deban ser escuchados» y «tengan capacidad para decidir dónde y cómo debe acudir» la policía de la Generalitat a sus municipios.
A pesar de las preguntas de los medios, Manel Bustos eludió valorar la gestión del conseller de Interior, Joan Saura, en el conflicto de Salt. «Nosotros lo que reclamamos es que en un municipio la máxima autoridad debe ser la alcaldesa o el alcalde, independientemente de en quien recae la competencia del servicio», indicó Bustos.
ResoluciónEn concreto, la resolución aprobada ayer por la Comisión Municipalista de Cataluña pide «la implicación de todas las administraciones competentes en temas de seguridad, para garantizar la seguridad».
Con este fin, señala la necesidad de «fortalecer la coordinación de las diferentes fuerzas de seguridad y la cooperación entre policías, fiscalía y judicatura« y de «reformas dentro del sistema judicial, para potenciar la proximidad y la eficiencia de la justicia cómo pueden ser la especialización de juzgados, los juzgados de faltas o el registro de faltas».
