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Las escuchas de David Madí

El Juzgado de Instrucción 14 investiga una querella de la empresa editora de «El triangle», que acusa a Madí de discriminación en la concesión de publicidad

Actualizado 05/05/2003 - 05:00:08
YOLANDA CARDOLa gestión de David Madí sigue sumando irregularidades
YOLANDA CARDOLa gestión de David Madí sigue sumando irregularidades
BARCELONA. David Madí apenas ha podido tomarse un respiro tras la tormenta política que le obligó a presentar su dimisión como secretario general de Comunicación de la Generalitat el pasado 15 de abril. A las irregularidades detectadas en las encuestas y estudios encargados por Presidencia, que dieron lugar a la creación de una comisión de investigación en el Parlament, se suma ahora un proceso, en este caso judicial, por un presunto delito de prevaricación en materia de publicidad institucional.
David Madí declaró en calidad de inculpado el pasado 28 de abril en el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, que ha admitido a trámite la querella presentada por Jaume Reixach, director de Editorial Socio-económica de Periodistes, S. L., editora del semanario «El Triangle», en la que se acusa al ex secretario de Comunicación de discriminación en la concesión de espacios de publicidad, pese a tratarse de una publicación escrita en catalán.
Preguntas parlamentarias
Los responsables del semanario sostienen que la Generalitat nunca había sido excesivamente generosa en cuanto a inserciones de publicidad, pero la situación se agravó cuando David Madí fue nombrado secretario general de Comunicación en enero de 2001. «El Triangle» efectuó varios requerimientos a la Generalitat, apeló al Síndic de Greuges, recurrió a diferentes grupos parlamentarios -que efectuaron preguntas al Govern sobre los criterios que se siguen en materia de publicidad institucional- y denunció desde las páginas del semanario su marginación respecto a otras publicaciones que, como «El Temps», sí son tenidas en cuenta por el Govern en la concesión de publicidad.
Según afirma la empresa editora, de las 52 campañas institucionales efectuadas por el Govern entre los años 2000 y 2002, sólo han tenido cabida en «El Triangle» dos inserciones, mientras que en 2003, año electoral, el semanario todavía no ha recibido ninguna. Según la empresa, la Secretaría General de Comunicación -hoy dirigida por Marc Puig- es el órgano administrativo a través del cual se centraliza y canaliza toda la publicidad institucional de la Generalitat.
En febrero de 2002, Reixach mantuvo un cambio de impresiones con David Madí, reunión de carácter informal en la que apenas se abordó el asunto. Ambos volvieron a reunirse el 17 de junio de ese año, ésta vez en presencia del director de la oficina de comunicación del Govern, Joan Francesc Cànovas. Según consta en la querella presentada por «El Triangle», David Madí reconoció que este semanario «no recibía ni recibiría publicidad institucional de la Generalitat por tratarse de una publicación especialmente incómoda y crítica con la coalición política que da apoyo parlamentario al Govern». La querella fue presentada el pasado 6 de marzo y admitida a trámite el 14 de abril por el juez Adolfo Fernández Oubiña, quien interrogó a Madí como imputado.
En su declaración ante el magistrado, el ex secretario general de Comunicación negó estar al corriente de la inserción publicitaria, función que desempeñan tres centrales de compras homologadas por la Generalitat. En cuanto a la posible diferencia de trato entre «El Triangle» y «El Temps», afirmó que las características de ambas revistas no son similares y que «no puede hacer comparaciones sobre la capacidad de influencia en el mercado de cada una». Pero, a juicio de los querellantes, lo más sorprendente es la revelación, efectuada de «motu propio» por Madí, de que había grabado su conversación con Jaume Reixach. El ex cargo del Govern, considerado el hombre de confianza del conseller en cap, Artur Mas, explicó que lo normal hubiera sido que el editor se reuniera con el director general de Medios de Difusión pero, dada la insistencia «y desconfiando no de las personas, pero sí de la fama que acompañaba al medio, acordó que la entrevista aceptada se celebrara en presencia de una persona que pudiera dar fe de lo que se hablaba fuera de toda duda», según consta en la declaración. Esa persona era Joan Francesc Cànovas.
Al mismo tiempo «hizo grabar todo el contenido de la reunión» pues Madí «no estaba muy seguro de cuáles serían las intenciones del solicitante de la reunión, que en definitiva se centraron en una exaltación del medio que representaba y de proyectos de futuro». Según David Madí «la conversación se mantuvo de una forma amable sin discusión de ningún tipo y ahí se acabó».
¿Práctica habitual?
Al juicio de los querellantes, Madí pretende demostrar el buen tono en que transcurrió la entrevista, pero la empresa editora sospecha que la grabación podría corresponder a la reunión de febrero, y no a la de junio, extremo que todavía no se ha podido confirmar porque el juez no ha admitido todavía la cinta como prueba por entender que no era el momento procesal oportuno.
Tras la revelación efectuada por Madí, «El Triangle» pedirá al juez que investigue si en la Conselleria de Presidencia, la grabación de reuniones es una práctica habitual y, en este caso, dónde se guardan esas cintas y que uso se les da. La empresa editora solicita para David Madí una pena de inhabilitación de entre siete y diez años, así como una indemnización que deberá determinar un perito. Los querellantes piden también que la Generalitat sea declarada responsable civil subsidiaria.
¿Por qué no se fiaba Madí del periodista? De momento, no han trascendido sus razones. Lo cierto es que, tal como se recuerda en la querella, las páginas de «El Triangle» se han hecho eco de asuntos como el pago a jugadores del Barça a través de TV3, los negocios de los hijos de Jordi Pujol y de empresarios afines al President; los sumarios sobre la supuesta financiación irregular de UDC (Casos trabajo, Turismo, Olé), el caso Cullell, los vínculos de Opening con Unió, los negocios de los «caciques» del Ebro partidarios del Plan Hidrológico, la «represión policial y la criminalización política» de los movimientos sociales, el gasto del Govern en asesores y estudios... Y un largo etcétera.
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