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La contramanifestación de Ruzafa era ilegal, según la delegada del Gobierno

Todos los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes señalaron ayer que reclamarán la comparecencia de la delegada del Gobierno, Carmen Mas, a la que consideran responsable de los altercados y disturbios del pasado sábado en Ruzafa. Ésta, por su parte, replicó que la contramanifestación del sábado, culpable de los incidentes no había sido comunicada y que era ilegal.

Actualizado 05/03/2002 - 01:27:37
Los radicales causaron importantes daños materiales. Mikel Ponce
Los radicales causaron importantes daños materiales. Mikel Ponce
VALENCIA. Los altercados de Ruzafa han provocado la reacción inmediata de todos los grupos políticos de la oposición que, de forma unánime, manifestaron ayer su desacuerdo con la actuación de la Policía bajo las órdenes de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Carmen Mas, a quien califican de «irresponsable» por autorizar la manifestación de la plataforma ultraderechista España 2000 en el barrio de Ruzafa.
El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, manifestó que la actuación de Mas «no ha sido adecuada», por lo que preguntará al ministro «por qué se ha ayudado a incrementar esta sensación de desgobierno y de incapacidad para hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana». La delegada del Gobierno «no ha tenido la sensibilidad ni la capacidad de anticipación que se requiere en este tipo de situaciones», declaró, y añadió que lo sucedido en Ruzafa demuestra que la Administración «está fuera de onda».
En idénticos términos se pronunció el portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Joan Ribó, quien subrayó que resulta «intolerable» que la delegada del Gobierno autorizara dicha manifestación convocada por la Plataforma España 2000. A su juicio, «el carácter racista» de la convocatoria, que se saldó con 23 detenidos, es «inconstitucional» y, por ello, añadió que su autorización debería haber sido negada por parte de Mas.
Contramanifestación ilegal
La delegación del Gobierno, en una nota a última hora de ayer, recordó que «el derecho de manifestación en nuestro país es un derecho fundamental» y que las manifestaciones no precisan «autorización previa, sino únicamente una comunicación», acto que cumplieron los manifestantes de España 2000.
En consonancia con esos criterio legales, la delegación que ostenta Carmen Mas recordó que de las 301 manifestaciones comunicadas durante el año 2001 sólo se prohibieron tres. dos por coincidir con los actos del 9 de Octubre y otra por haberse comunicado fuera de plazo. La delegación continúa diciendo en su nota que «no se le notificó la intención de realizar ninguna otra manifestación», por lo que esta otra contramanifestación antifascista era ilegal. Aun así, el dispositivo policial dispuesto lo fue con el «objeto de garantizar el doble derecho», de unos y otros, a manifestarse.
Finalmente, la delegación del Gobierno establece que «todos los actos violentos y vandálicos fueron provocados, según testigos presenciales, por la contramanifestación y a las 23 personas detenidas se les imputará judicialmente la comisión de cuantiosos delitos de daños».
Vuelve la normalidad
Mientras, los vecinos de Ruzafa recuperan poco a poco la calma y el barrio vuelve a la normalidad. Durante la mañana de ayer se reparaban los desperfectos ocasionados por los radicales en los establecimientos de la zona, muchos de los cuales no pudieron abrir aún sus puertas al público por los importantes daños.
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