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El juez Varela anuncia su intención de llevar a Garzón a juicio por la memoria histórica

N. VILLANUEVAMADRID. «Los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual

Actualizado 05/02/2010 - 02:56:10
AP  El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo
AP El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo
N. VILLANUEVA
MADRID. «Los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido».
Luciano Varela, instructor de la causa abierta contra el Garzón en el Tribunal Supremo en relación con la memoria histórica no tiene dudas de que el juez de la Audiencia Nacional pudo haber cometido un delito de prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Es más, la instrucción de esta causa especial en el Alto Tribunal no ha hecho para Valera más que corroborar la relevancia penal de los hechos denunciados que ya apreció la Sala Segunda del TS cuando admitió a trámite las tres querellas interpuestas contra el magistrado por las asociaciones Manos Limpias y Libertad e Identidad y por Falange Española de las Jons.
Así se deduce de un auto notificado ayer en el que Varela rechaza el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa de Garzón y en el que anuncia que más adelante decidirá sobre la «preparación de la fase de juicio oral». Antes la Sala tendrá que resolver el recurso de apelación que contra este auto interponga la defensa del juez.
«Artificiosa incoación»
En una dura y profusa resolución, de sesenta folios, el instructor analiza pormenorizadamente cada una de las decisiones adoptadas por Garzón en el marco de la causa de las fosas: desde que incoó diligencias (diciembre de 2006) hasta que se adelantó a la decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y declinó su competencia (18 de noviembre) alegando, entre otras cuestiones, la extinción de la responsabilidad penal de los responsables de aquellos crímenes.
Varela sostiene que Garzón decidió incoar un procedimiento criminal «sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su efectiva tramitación» e intentó «asumir el control» de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres «dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer los principios esenciales del Estado de Derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable».
Además, y siempre según el instructor, puso de manifiesto un «desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía de 1977». En este sentido, el instructor acusa a Garzón de «ignorar u orillar» la voluntad de las Cortes españolas, pues equiparó la citada ley a un indulto general, «cuando la amnistía no tiene que vincularse a la idea de perdón y menos aún al derecho de gracia, cuya iniciativa viene atribuida al poder ejecutivo».
Para Varela, Garzón «era consciente de su falta de competencia» y de que los hechos denunciados ya «carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento». Aun así, señala, «construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal (...)». El juez habría recurrido a esta «artificiosidad» para «salvar» lo que él mismo denominó «escollos» al inicio del procedimiento.
Si bien la resolución del 16 de octubre, en la que Garzón se declara competente aun en contra del criterio de la Fiscalía -que, por cierto, en esta causa especial no ve indicios de prevaricación- constituye el «momento culminante de esa antijuridicidad», ésta se manifiesta también, dice Varela, en otras cinco decisiones tomadas por el juez, como la de recabar documentación de distintos organismos antes de declararse competencia (lo que de facto ya suponía asumir la competencia) o la de autorizar determinadas exhumaciones.
«Congelación» de la causa
A esto se le suma la «prolongada congelación del procedimiento», pues desde que incoó diligencias (en diciembre de 2006) hasta que se declaró competente (octubre de 2008) «no promovió la más mínima actuación procesal de investigación ni dispensó la más mínima protección» a denunciantes o víctimas.
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