La exhibición de un crucifijo en las aulas «limita la libertad de los niños, y la de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias». Ésta fue la sentencia dictada ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por la que se daba la razón a una madre italiana que lleva pidiendo la retirada de los crucifijos de las aulas desde 2002.
Esta mujer de origen finlandés, Soile Lautsi, solicitó hace siete años al colegio público al que había enviado a sus hijos retirar este símbolo de las paredes de las aulas. Ante la negación del centro escolar, Lautsi llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional italiano, que en diciembre de 2004, rechazó el recurso alegando que el «crucifijo es un símbolo natural de la cultura italiana». En 2006, el Consejo de Estado volvió a confirmar que el crucifijo es símbolo «de principios de igualdad, libertad y tolerancia del Estado». Lautsi no se dio por vencida y llevó en 2007 el caso a Estrasburgo, desde donde ayer llegó la sentencia por la que se consideraba que «la presencia de un crucifijo podría interpretarse fácilmente por los alumnos como un símbolo religioso». «El Estado -dice la sentencia- debería abstenerse de imponer creencias en lugares de los que dependen las personas. En concreto, se debería contemplar una neutralidad confesional en el contexto de la educación pública».
El Gobierno recurrirá
El Tribunal de Estrasburgo, aludiendo a la violación de los artículos 2 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, estableció una indemnización de 5.000 euros para Lautsi por daños morales. Ante esta decisión el gobierno italiano decidió ayer presentar un recurso, como anunció la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, quien recordó que «el crucifijo es un símbolo de nuestra tradición».
Si la Corte acoge el recurso, el caso de Lautsi será estudiado por la Gran Cámara, encargada de la aplicación de las Convenciones. En caso negativo, la sentencia será efectiva en tres meses, por lo que el gobierno italiano tendría poco tiempo para decidir qué hacer para no incurrir en una violación del derecho internacional.
