NATI VILLANUEVA
MADRID. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional despachó ayer de un plumazo los recursos presentados por las defensas de cuatro procesados, y el interpuesto por una de las acusaciones del 11-M, en relación con la práctica de nuevas diligencias, y recordó a las partes que la fase de instrucción ha concluido y que, por tanto, todas las pruebas que quieran proponer se sustanciarán durante el juicio oral, bajo los principios de publicidad, contradicción e inmediación.
«Los más de 170 tomos que abarca el sumario superan, con exceso, el material de investigación necesario para abrir la segunda parte del procedimiento penal», aseguran los magistrados, el mismo tribunal que el pasado 25 de septiembre consideró «perfectamente acreditado» que la sustancia explosiva utilizada en los distintos escenarios criminales «provenía de mina Conchita y respondía a la denominación de goma-2 eco».
Como hizo entonces con la confirmación de los 29 procesamientos, la Sección Cuarta volvió a avalar ayer la instrucción del juez Juan del Olmo y, al igual que el magistrado, rechazó la práctica de las diligencias propuestas por los letrados de Basel Ghalyoun, Abdelilah Fadual El Akil, Raúl González Peláez y Rafa Zouhier. Mientras los recursos de las defensas de estos procesados se refieren a cuestiones que afectan estrictamente a sus respectivas imputaciones en los atentados, el de la acusación que representa «a Roberto Barroso Anuncibay y otros» se centra precisamente en los aspectos esgrimidos por los «teóricos de la conspiración» para tratar de dinamitar el sumario.
Explosivos, Kangoo y «mochila 13»
De esta forma, las diligencias que se solicitan en el recurso son la citación de todos los agentes que vieron físicamente e inspeccionaron la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares; la de los que custodiaron los efectos de El Pozo durante el tiempo que estuvieron depositados en Ifema (a los que Del Olmo ya tomó declaración), y la de la Policía Científica para que justifique por qué se ha descartado el uso de Semtex (explosivo que, además, relaciona con ETA) en los atentados.
Sobre esta última cuestión, la Sala recuerda que en sus resoluciones anteriores, y también en las dictadas por el juez instructor, ya se ha hecho eco de que los explosivos utilizados ocupan «un lugar preferente» en la «inquietud» y en el deseo de «conocer la verdad» por parte de acusaciones y defensa. Un deseo, dice, que también comparten (como no podía ser de otro modo) quienes administran justicia, «máxime cuando, además de la investigación judicial, existen otro tipo de noticias que parten de diferentes premisas». Por eso, y precisamente porque en el juicio oral rigen los principios de publicidad y contradicción, el tribunal deja la puerta abierta a que acusaciones y defensas propongan cuantas pruebas estimen convenientes en sus escritos de calificación provisional con el objetivo de que sea en el juicio donde se practiquen. Así, en unos casos «por ser superfluas e innecesarias» las diligencias solicitadas, y en otros «por no ser éste el momento procesal adecuado», la Sala desestima todos los recursos de apelación. La Audiencia Nacional continúa con el horizonte puesto en febrero.
