El titular del Juzgado de Instrucción número uno, José María Crespo, ordenó ayer la detención inmediata de Rosario R. cuidadora de la niña A. H. A. de seis meses que murió el 11 de agosto como consecuencia de un politraumatismo. La decisión judicial se basa en el informe forense del cadáver de la pequeña, que llevó al juez tomar este medida en el día de ayer por considerar que Rosario R. tiene relación directa con el fallecimiento del bebé.
Nada más recibir la orden, la Guardia Civil se desplazó a la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, donde reside habitualmente la cuidadora, pero una vez allí los agentes de la Benemérita comprobaron que el domicilio de esta persona se encontraba cerrado, por lo que tras realizar las oportunas diligencias conocieron que Rosario R. podría estar en la localidad zamorana de Guarrate, donde suele veranear. Una vez allí, Guardia Civil procedió a su arresto, llevando a la cuidadora hasta el Juzgado de Toro (Zamora), donde está a la espera de que sea trasladada a Valladolid para que el titular del Juzgado de Instrucción número uno tome declaración a la detenida y decida su situación jurídica.
Petición de la Fiscalía
Se da la circunstancia de que la pasada semana el Fiscal de Valladolid ya había solicitado la detención de la ciudadora a raíz de conocer el contenido del informe del forense que ha apreciado varias fracturas en el cráneo de la niña. Sin embargo, dicha solicitud no pudo tomarse en cuenta ya que el juez José María Crespo se encontraba hasta este fin de semana de vacaciones. No fue hasta ayer, cuando éste se reincorporó a su despacho cuando tras leer el informe de la autopsia decidió ordenar el arresto de Rosario R. como presunta implicada en la muerte de la niña de seis meses.
De todos modos, según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado del Juzgado de Instrucción número uno, antes de poder conocer los resultados de la autopsia, ya había citado a Rosario R. para interrogarla como imputada a tenor de los informes de la Policía Judicial y de los médicos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que atendieron en primer lugar a A. H. A. el 9 de agosto cuando fue ingresada de urgencia en estado grave por un presunto atragantamiento mientras comía en su domicilio en Valladolid.
Este caso se remonta al 9 de agosto cuando A. H. A. fue ingresada por urgencias en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en estado grave y supuestamente por haberse atragantado según comía. Sin embargo, los facultativos que la atendieron detectaron varios hematomas en la cabeza del bebé, lo que les llevó a elevar un informe a la Policía Nacional, según requiere el protocolo de malos tratos en el ámbito familiar, para hacer constan cia de esta anómala circunstancia.
Debido a la gravedad del estado de salud de la pequeña de seis meses, los responsables del servicio de urgencias del hospital vallisoletano optaron por su traslado al Hospital General Yagüe de Burgos, donde existe una unidad de Pediatría de la que carece el centro sanitario de Valladolid. A pesar de los cuidados dispensados por los facultativos, A. H. A. fallecía el 11 de agosto.
Nada más producirse el fallecimiento, el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid, que estaba de guardia el 9 de agosto, asumió el caso por un presunto mal trato en el ámbito familiar, mientras que el el Juzgado de Instrucción número cuatro de Burgos abrió un procedimiento por la muerte del bebé, incluyendo el preceptivo informe forense con la autopsia. Sería esta última la que ha dilatado en el tiempo la toma de decisión del magistrado vallisoletano, que hasta ayer no ordenó la detención de la cuidadora, tal como había solicitado la madre de la niña muerta.
Desde el primer momento
Sin embargo, a las pocas horas del suceso, el juez José María Crespo ya ordenó a la Policía Nacional que tomase declaración a la cuidadora, que estaba a cargo de la niña en el momento del atragantamiento, y a la madre, que se encontraba a sea hora en su puesto de trabajo como enfermera. La primera señaló ante los agentes policiales que todo se desencadenó cuando estaba dando de comer a la niña, y que al ver que se había atragantado intentó que la niña expulsase la comida, pero que en ningún momento causó daño a la pequeña. Por el contrario, la madre de la pequeña no dudó en apuntar a la Rosario R. como causante de los daños que llevaron a la muerte a su hija. Sin embargo, en ese momento, la acusada por la progenitora no fue imputada de ningún delito por parte del juez, que optó por esperar al informe de la autopsia de la niña para tomar una decisión.
A pesar de lo grave del suceso o quizá por ello, esta tramitación forense no llegó al Juzgado de Valladolid procedente desde Burgos hasta la semana pasado, lo que impidió al magistrado encargado del caso disponer de indicios científicos para tomar una decisión en sentido de continuar con el procedimiento judicial o archivarlo. Fuentes judiciales señalaron a este periódico que la tardanza en la remisión del informe forense pudiera deberse a que se han pedido informes y confirmaciones a otros laboratorios, además de haber hechos análisis de varias muestras para estrechar en lo máximo posible el margen de error en los resultados.
