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La Fiscalía archiva la investigación al alcalde de Tavernes por corrupción urbanística

El alcalde, del PP, y su primo, ex directivo de Bancaja, fueron denunciados por adquirir unos terrenos donde la entidad financiera proyectaba un complejo urbanístico

Actualizado 04/05/2006 - 03:29:16

ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE

VALENCIA. La Fiscalía de Valencia ha archivado las diligencias de investigación penal incoadas al alcalde de Tavernes de la Valldigna, Eugenio Pérez Mifsud, del PP, y a su primo, Arturo Alario, ex director de inversiones de Bancaja, denunciados por adquirir terrenos en una zona de la localidad en la que la entidad financiera proyectaba construir un complejo inmobiliario con campo de golf incluido.

La investigación se abrió el 18 de noviembre de 2005 a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida, que entendía que el primer edil había facilitado información privilegiada a su primo anticipándole los planes urbanísticos del Consistorio para que adquiriera terrenos en una zona en la que iban a experimentar una apreciable revalorización.

Denunciados muy colaboradores

La Fiscalía, después de casi seis meses de investigación, concluye lo contrario. «Descartamos radicalmente que obtuviese cualquier información procedente de la Alcaldía», señala el fiscal respecto de Pérez Mifsud, en un escrito en el que subraya la «nula vinculación» del alcalde con la adquisición de los terrenos realizada por su primo un mes antes de que Actura, la promotora de Bancaja, hiciera público su proyecto urbanístico. «El Ayuntamiento era mero receptor y tramitador de la propuesta» de la entidad financiera. El Ministerio Público elogia la disposición a colaborar demostrada por los dos denunciados, especialmente por Pérez Mifsud, cuya declaración no se ha considerado necesaria por entender el fiscal que del análisis de la documentación se deduce que «no concurren indicios racionales de criminalidad».

Tampoco se ha tomado declaración a su primo, Arturo Alario, cuya conducta, según el fiscal, tampoco encuentra encaje en el Código Penal.Tanto Pérez Mifsud como su primo son propietarios de terrenos afectados por el Plan de Actuación Integral «Vall de la Mar». El primero los heredó, en su mayoría, antes de 2005 «por lo que no es razonable vincularlo al proyecto urbanístico», sostiene el fiscal. El segundo los adquirió un mes antes de la presentación del plan. Arturo Alario y su hermano pagaron unos 27.000 euros por la parcela, que el ex director de inversiones de Bancaja adquirió porque los terrenos colindan con otros de los que es propietario y el dueño se los ofreció.

«No se ha investigado si los terrenos lindaban o no ya que carece de relevancia a efectos penales», aclara el fiscal. Entiende que «no cabe dudar» de estas explicaciones y añade que, en el supuesto de que fuera mentira y de que Alario hubiera adquirido los terrenos aprovechándose de la información obtenida por razón de su cargo en Bancaja, tampoco sería delito. El Códido Penal, argumenta el fiscal en su escrito, sólo tipifica el uso de información relevante obtenida en el ámbito privado cuando ésta se emplea para la adquisición de valores cotizables en algún mercado organizado. Y éste no es el caso. «Será la propia Bancaja quien deberá valorar dicha adquisión», apunta la Fiscalía. Bancaja ya lo hizo: cuando trascendieron los negocios urbanísticos de su director de inversiones, le destituyó. Poco después, la entidad financiera retiró el proyecto.

El de Tavernes de la Valldigna fue uno de los cuatro expedientes de los que la Fiscalía de Valencia informó al fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, la pasada semana en respuesta a la solicitud de información sobre las investigaciones por presunta corrupción urbanística que se estaban llevando a cabo en la provincia. Los otros tres fueron los que afectan a Terra Mítica y los ayuntamientos de Zarra y Náquera.
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