Los ciegos pueden votar. Pero no pueden formar parte de una mesa electoral. Así se lo hizo constar la Junta Electoral de Sueca (Valencia) a Ricardo Abad Asturiano, un vecino invidente de Cullera, de 42 años, que había sido designado como presidente de una mesa electoral en un colegio de la localidad valenciana. La decisión del órgano dejó sin palabras a Abad, quien días antes, tras recibir la comunicación de que iba a formar parte de la mesa electoral, pensó que, «como a cualquier español», le iba a tocar «cumplir el domingo con la obligación». Nunca creyó que su discapacidad constituiría un obstáculo insalvable a ojos de los responsables de la Junta Electoral.
Fue el exceso de celo del ciudadano el que truncó su participación en la llamada «fiesta de la democracia» del 9 de marzo. Ricardo Abad se dirigió a la Junta Electoral de Sueca para hacerles llegar su condición de invidente y preguntarles si ello supondría una limitación en el quehacer de un presidente de mesa. Mejor prevenir que luego encontrarse con problemas el domingo. «Avisé para que nadie impugnara la votación», explica. La contestación fue un jarro de agua fría: el Gobierno no ha tomado «medidas» para que pueda participar. Además, recurrieron a un precedente de 2000, en el que otro ciego fue rechazado como vocal, como justificación.
Según asegura Abad, él puede desempeñar todas las funciones del cargo. Los documentos los puede leer con un escáner adaptado, los datos los introduciría sin problemas en el ordenador (trabaja en Windows y navega por internet habitualmente) y el control de papeletas lo puede realizar un vocal. El recuento sería la función de un asistente personal, figura que recoge la Ley de Dependencia. Es más, la Ley de Igualdad de Oportunidades establece medidas para facilitar la labor de los discapacitados, entre otras situaciones, en los procesos electorales. La ley está de su parte.
Lo que en un primer momento constituía una tarea molesta, como a cualquier hijo de vecino al que le toca acudir a las ocho de la mañana de un domingo a la puerta de un colegio, se había convertido repentinamente en un derecho al que no iba a renunciar. Y ha tomado medidas para revertir lo que a su juicio supone una «injusticia». Ha redactado un escrito a la Junta Electoral exponiendo su desacuerdo y se ha dirigido al Defensor del Pueblo y a la Oficina Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad. Aunque alberga vagas esperanzas por el escaso plazo de tiempo que resta para los comicios. «Me siento indefenso y discriminado», concluye con indignación. No entiende por qué un invidente puede votar pero, en cambio, no puede recoger la papeleta.
PEDRO A. ORTIZ
EDUARDO MANZANA
Ricardo Abad, ayer en la Agencia Administrativa de la ONCE de Cullera
