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El fiscal impulsa el «caso Forcem» y pide imputar a seis cargos de UGT por el fraude de 100 millones

Actualizado 03/11/2003 - 00:25:22
La Fiscalía Anticorrupción está impulsando la investigación que lleva a cabo la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios sobre el presunto fraude de al menos 100 millones de euros detectado en 2001 en las subvenciones de los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem). La cuantía total de esos fondos ascendió a 630 millones de euros.
En un escrito al que ha tenido acceso ABC, el fiscal Luis Rueda dirige a la juez Palacios varias peticiones: de un lado, que seis de las piezas separadas que componen la investigación sean remitidas a distintos juzgados para que investiguen hechos que, por su escasa relevancia, ya no son competencia de la Audiencia Nacional; en segundo lugar, reclama que la juez Palacios continúe la investigación de otros doce expedientes de formación; en tercer lugar, solicita que cite a declarar como imputadas a 17 personas, seis de ellas responsables de UGT; y finalmente pide el archivo de otras cuatro piezas separadas al considerar que de ellas no se derivan indicios delictivos. Ahora será la juez quien daba pronunciarse sobre estas peticiones.
Centrado ahora en un expediente
De esta manera, el fiscal centra ahora su atención en un expediente que afecta a la Federación Regional de Transportes, Común y Mar de la UGT de Madrid y, en relación a él, solicita que se tome declaración a esas 17 personas, seis de ellos responsables en distinta medida de UGT. Además, reclama a la Federación Estatal de Comercio todos los contratos y acuerdos suscritos con cualquier persona física o jurídica relacionados con los cursos de formación realizados en 2001.
El Ministerio Fiscal pide también a la juez que requiera a esa Federación los documentos que acrediten el ingreso en cualquier cuenta bancaria de las cantidades obtenidas como resultado de la concesión de los planes de formación; las facturas recibidas de la federación por la realización de las acciones formativas y la documentación que justifique los pagos realizados por este motivo, así como la relación de los recibos emitidos, con identificación de sus receptores cuando se trate de cheques, o de las cuentas corrientes beneficiarias cuando sean transferencias bancarias.
También opina que el juzgado debe reclamar idéntica documentación a la Federación Regional de Transportes y a su vez pide al INEM el listado de los expedientes que la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio de UGT solicitó en 2001, así como los que finalmente le fueron aprobados, especificando las cantidades entregadas. El fiscal también se interesa por el estado de liquidación de los expedientes.
Denuncia de 2001
La investigación del «caso Forcem»proviene de una denuncia de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001.
Entre las irregularidades detectadas figuran cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas.
En aquellos momentos, la denuncia del fiscal daba cuenta de la existencia de una «estructura de fingimiento, total o parcial (a veces cursos para cien personas se dan a cuatro o cinco), destinada a llegar fondos, de forma irregular y subrepticia, a la empresa o al sindicato». Las acciones formativas que investiga la Audiencia Nacional están financiadas con fondos de la Unión Europea y con el dinero que el INEM descuenta todos los meses de las nóminas de los trabajadores.
«Actos que pueden ser delictivos»
Ahora, el fiscal del caso mantiene su tesis de que hubo actos que «pueden revestir carácter delictivo» en parte de los cursos que fueron subvencionados. La Fiscalía ha llegado a esta conclusión después de analizar el contenido de las declaraciones que se han producido hasta ahora, de estudiar las actividades de seguimiento realizadas por el INEM, de valorar las investigaciones efectuadas por la Sección de Investigación de la Seguridad Social y de estudiar las múltiples pruebas documentales aportadas a la causa.
Otra de las peticiones del fiscal se dirige a la necesidad de desgajar de este procedimiento varios expedientes que, una vez investigados, demuestran que, si bien pudo haber alguna ilegalidad, «por su entidad no pueden repercutir en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional, ni generar perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia». Además, la comisión de estas presuntas ilegalidades no parece corresponder a una estructura organizada. En definitiva, hay algunos expedientes cuya investigación, a juicio del fiscal, no debe proseguir en la Audiencia Nacional, sino en otros juzgados como Pozuelo y Collado-Villalba (Madrid), Pamplona, Jerez (Cádiz) y La Coruña.
Por contra, otro grueso de expedientes debe seguir su instrucción en la Audiencia Nacional al observar el fiscal que «el carácter organizado de dichas conductas, que afectan a subvenciones públicas, sí les confiere capacidad para afectar a la economía nacional, especialmente si se repara en la gran cantidad de cursos subvencionados y de trabajadores implicados».
Anticorrupción distingue así entre las irregularidades «que pueden calificarse como simples casos de codelincuencia criminal que, en ocasiones, implican actividades relevantes realizadas en diferentes lugares», y las que gozan de «carácter organizado», de mayor gravedad.
Complejidad del proceso y piezas
Dada la complejidad de la investigación y el volumen de actuaciones judiciales que se están llevando a cabo para desentrañar el nudo de las irregularidades -y no tanto por la dificultad de entender el núcleo de la trama, sino por la gran cantidad de personas a las que habrá que tomar declaración-, la juez Palacios ha formado piezas separadas con los expedientes que en ellas se investigan.
En este contexto, el fiscal del caso precisa que en los doce expedientes identificados hasta ahora, excepto en uno, el solicitante de las subvenciones es la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores. Por ello considera que, aunque la localización de las enseñanzas impartidas por esta federación esté dispersa por diferentes lugares de la geografía nacional, «existen indicios de que al menos parte de las irregularidades tienen rasgos coincidentes», lo que «obliga a investigar si tal pauta obedece a una mecánica prevista».
Solapamiento de cursos
Aunque en uno de los expedientes identificados por el fiscal, quien solicita la subvención sea la Federación Regional de Transportes, Común, Mar de la UGT de Madrid y no la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, el fiscal considera que debe ser la Audiencia Nacional quien mantenga la investigación de dicha pieza.
De hecho, la entidad gestora de los cursos ha sido la empresa mercantil Formación y Desarrollo de Empresas, Fodem, S.L., que a su vez es la encargada de la ejecución de los cursos de formación de dos de los expedientes investigados, en uno de los cuales el solicitante es la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio y en el otro, la empresa Recursos Didácticos, S.L.. Entre ellas «se ha detectado un solapamiento en ciertas acciones formativas y alumnos».
Dadas estas circunstancias, el fiscal propone citar como imputados a diecisiete personas, cuatro de ellas vinculadas con la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, entre los que se encuentra el secretario general de dicha federación, Francisco Domínguez, y las otras dos restantes relacionadas con la Federación de Transporte Comunicaciones y Mar.
La denuncia que en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional -aunque ahora a la competencia del caso es de Anticorrupción- tiene su origen en otra que realizó una oficina del INEM, y a raíz de la cual el Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS), una Brigada policial adscrita al Ministerio de Trabajo, investigó el 5% de los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el 95% de ellos.
En aquel momento, el fiscal explicaba que la irregularidad que daba lugar a la presunta conducta delictiva aparece cuando la empresa o sindicato que ha recibido la financiación para ejecutar los cursos se apropia de los fondos y no los organiza.
El fiscal relata que dado que los planes de seguimiento del INEM comportan la inspección de cómo, dónde y cuándo se han realizado las acciones formativas y quiénes han participado en ellas, las empresas o los sindicatos tienen que presentar documentación acreditativa de que los cursos han tenido lugar, aunque en realidad no haya sido así.
Documentos inciertos
A tal efecto, la Fiscalía precisaba que se presentaron documentos que no corresponden a la verdad, en los que aparecen firmas de trabajadores que supuestamente habrían participado en los cursos, aunque no estuviera acreditado que así fue. También existen documentos en los que se acredita que el curso ha tenido lugar en determinada academia o centro, «cuando en realidad no ha sido así». En 2001 se realizaron 159.000 cursos y participaron 1.908.000 alumnos.
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