Imagen de una de las zonas de la Cañada / JAIME GARCÍA
El PSOE ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para "solucionar" los problemas urbanísticos, sociales y medioambientales de la Cañada Real Galiana a su paso por Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid; una extensión de unos 14,2 kilómetros que se transformaría en un "corredor verde" conectado con el Parque Regional del Sureste.
Los socialistas se han adelantado así al proyecto de ley que prepara el Gobierno de Esperanza Aguirre en colaboración con los Ayuntamiento afectados, por lo que el portavoz parlamentario del PP, David Pérez, les ha acusado de "oportunistas" y de "buscar provecho político" con su iniciativa. Pérez ha criticado que el PSOE "se descuelgue" y haya presentado "unilateralmente" el plan a pesar de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció que iba a traer uno al Parlamento.
También el coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha acusado en un comunicado a Tomás Gómez, de "entorpecer la solución" del problema de la Cañada Real Galiana con su "precipitación partidista".
El texto legal que propone el PSOE ha sido presentado por el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; los portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Maru Menéndez y David Lucas; y los primeros tenientes de alcalde de Rivas y Coslada, los socialistas Guillermo Magadán y Manuel Torrús.
Bajo el título "Ley Especial para la desafectación parcial de la Cañada Real Galiana y el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales", el grupo socialista articula una propuesta "de gobierno", "integradora" y "flexible", según Tomás Gómez.
Censo de población necesarioEl texto establece que antes de ordenar urbanísticamente la zona, se aprobará un "Programa Integral de Actuación", cuyo primer paso sería la elaboración de un censo de población por parte de la Comisión de Urbanismo de Madrid.
Los socialistas calculan que en la actualidad residen unas 40.000 personas de distinta tipología en la Cañada Real Galiana, a las que se les buscaría una salida "expulsando a quien haya que expulsar y realojando a quien haya que realojar", ha afirmado Tomás Gómez.
"Esto no puede quedar en un reordenamiento urbanístico de la Cañada Real. Ese no es el objetivo, aunque es condición 'sine quanon' para el objetivo de hacer de la Cañada un ejemplo de transformación de una zona deprimida y de exclusión en una zona perfectamente integrada y de referencia residencial, urbanística y de prestación de los servicios", ha explicado el líder socialista.
En función del censo elaborado, se establecería un plan de intervención social de las familias ocupantes y la Comisión de Urbanismo definiría las "zonas que se han de preservar de cualquier desarrollo urbanístico" y las que serían "objeto de regularización a través de su clasificación como suelo urbano o urbanizable".
En estas últimas, se delimitarían las "áreas de consolidación de edificaciones existentes" y las "áreas de realojo vinculadas al ámbito de esta ley o a otros términos municipales, procurando una distribución territorial equitativa en los programas de integración social que resulten", según reza el texto.
La portavoz parlamentaria, Maru Menéndez, ha hecho hincapié en que su voluntad es "promover el consenso social, político e institucional" en torno a esta propuesta, por lo que los socialistas han enviado ya una carta a los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas para reunirse con ellos y presentársela.
Tomás Gómez ha subrayado que esta es la ley que harían los socialistas si gobernaran en la Comunidad y que las organizaciones "sociales" y "parroquiales" que trabajan en la zona son una "pieza clave para que este plan pueda llegar a buen fin". David Lucas ha calculado que el conjunto de la operación podría llevarse a cabo en un periodo de cuatro años.
Los socialistas se han adelantado así al proyecto de ley que prepara el Gobierno de Esperanza Aguirre en colaboración con los Ayuntamiento afectados, por lo que el portavoz parlamentario del PP, David Pérez, les ha acusado de "oportunistas" y de "buscar provecho político" con su iniciativa. Pérez ha criticado que el PSOE "se descuelgue" y haya presentado "unilateralmente" el plan a pesar de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció que iba a traer uno al Parlamento.
También el coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha acusado en un comunicado a Tomás Gómez, de "entorpecer la solución" del problema de la Cañada Real Galiana con su "precipitación partidista".
El texto legal que propone el PSOE ha sido presentado por el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; los portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Maru Menéndez y David Lucas; y los primeros tenientes de alcalde de Rivas y Coslada, los socialistas Guillermo Magadán y Manuel Torrús.
Bajo el título "Ley Especial para la desafectación parcial de la Cañada Real Galiana y el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales", el grupo socialista articula una propuesta "de gobierno", "integradora" y "flexible", según Tomás Gómez.
Censo de población necesarioEl texto establece que antes de ordenar urbanísticamente la zona, se aprobará un "Programa Integral de Actuación", cuyo primer paso sería la elaboración de un censo de población por parte de la Comisión de Urbanismo de Madrid.
Los socialistas calculan que en la actualidad residen unas 40.000 personas de distinta tipología en la Cañada Real Galiana, a las que se les buscaría una salida "expulsando a quien haya que expulsar y realojando a quien haya que realojar", ha afirmado Tomás Gómez.
"Esto no puede quedar en un reordenamiento urbanístico de la Cañada Real. Ese no es el objetivo, aunque es condición 'sine quanon' para el objetivo de hacer de la Cañada un ejemplo de transformación de una zona deprimida y de exclusión en una zona perfectamente integrada y de referencia residencial, urbanística y de prestación de los servicios", ha explicado el líder socialista.
En función del censo elaborado, se establecería un plan de intervención social de las familias ocupantes y la Comisión de Urbanismo definiría las "zonas que se han de preservar de cualquier desarrollo urbanístico" y las que serían "objeto de regularización a través de su clasificación como suelo urbano o urbanizable".
En estas últimas, se delimitarían las "áreas de consolidación de edificaciones existentes" y las "áreas de realojo vinculadas al ámbito de esta ley o a otros términos municipales, procurando una distribución territorial equitativa en los programas de integración social que resulten", según reza el texto.
La portavoz parlamentaria, Maru Menéndez, ha hecho hincapié en que su voluntad es "promover el consenso social, político e institucional" en torno a esta propuesta, por lo que los socialistas han enviado ya una carta a los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas para reunirse con ellos y presentársela.
Tomás Gómez ha subrayado que esta es la ley que harían los socialistas si gobernaran en la Comunidad y que las organizaciones "sociales" y "parroquiales" que trabajan en la zona son una "pieza clave para que este plan pueda llegar a buen fin". David Lucas ha calculado que el conjunto de la operación podría llevarse a cabo en un periodo de cuatro años.
