D. MARTÍNEZ/ABC
ALICANTE/VALENCIA. Las novedades relacionadas con la malla de presunta corrupción tendida sobre Orihuela apuntan al aparato de Blanquerías como uno de los referentes inexcusables para comprender su extraordinaria densidad.
Francisco García Ortuño, portavoz del PSOE en la localidad alicantina y autor de las denuncias en las que implica a destacados dirigentes del PSPV en las turbias relaciones entabladas entre parte de la clase política local y empresarios de la zona, elaboró, a petición de líder de los socialistas valencianos, Ignasi Pla, sendos informes dirigidos a acreditar supuestas irregularidades de gestión imputables a varios cargos del PP en Alicante.
Es un episodio más, según el concejal, que certifica el concurso del equipo de Pla en el juego sucio destapado en Orihuela a raíz de las denuncias investigadas por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
Los expedientes, realizados durante el año 2002, meses antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, fueron encargados a García Ortuño -en aquel momento aún bajo la disciplina de Blanquerías- por el secretario de Organización del PSPV, Vicente Sarrià, y el entonces responsable de finanzas de la formación, Josep Maria Catalunya.
Las instrucciones que recibió de éstos el que hoy acusa a Pla de consentir tratos oscuros del PSPV con los empresarios de la Vega Baja alicantina eran, en lo que se refiere a uno de los informes, las de demostrar las relaciones irregulares entre relevantes cargos populares de la provincia con empresas constructoras alicantinas.
Asesoramiento jurídico en Madrid
El segundo informe consistía en un minucioso estudio de la gestión de Terra Mítica para cuya confección García Ortuño, asesorado por un equipo jurídico de Madrid, empleó más de tres meses.
Según el testimonio del concejal oriolano, ambos documentos fueron entregados por el propio García Ortuño a Sarrià y Catalunya en una cafetería de Valencia muy cercana al Palau de la Generalitat.
El estudio sobre el parque de ocio de Benidorm, responsabilidad del Gobierno autonómico presidido en aquella época por Eduardo Zaplana y de forma interina por José Luis Olivas, contenía base jurídica, según los abogados que trabajaron en su elaboración, para formular una querella judicial por presuntas irregularidades en la gestión del complejo.
De acuerdo con la versión de García Ortuño, «pese a que los informes eran concluyentes, y así se advirtió a quienes los encargaron», el PSPV no hizo uso de la información contenida en ellos, algo que, por otra parte, le sigue pareciendo «extraño» al portavoz socialista en Orihuela. «Las conclusiones de estos documentos hubiesen constituido un arma electoral de primer orden para un partido que entonces aspiraba a ganar unas elecciones inminentes», añade García Ortuño.
Las reiteradas denuncias formuladas por el edil oriolano sobre la implicación de Pla y su equipo en una supuesta trama de financiación del partido basada en «aportaciones» de empresarios alicantinos continuó ayer suscitando reacciones de enorme carga en las filas del PP. En este sentido, la secretaria regional de la formación, Adela Pedrosa, se preguntó por qué Pla «se esconde detrás de un silencio que sólo se explica desde la óptica del miedo» tras las «gravísimas acusaciones» de García Ortuño. Pedrosa indicó que el secretario del PSPV «lleva demasiado tiempo callado» e incidió en que son «demasiadas las acusaciones, demasiadas las coincidencias, demasiados los casos sobre el mismo tema y muy pocas las explicaciones y las actuaciones en esta dirección».
Finalmente, la número dos del partido en la Comunidad estimó que los reiterados «silencios» de Pla hacen necesario que Ferraz tome cuanto antes cartas en el asunto.
