BARCELONA. Tras los escándalos en las consejerías de Trabajo y Turismo, el gobierno de Jordi Pujol atraviesa con el caso Lear una de las crisis más espinosas de esta legislatura. Si ya por si solo el polémico cierre de la planta de la Lear en Cervera (Lleida) -que amenaza con dejar sin empleo a cerca de 1.300 trabajadores- se había convertido en asunto político, las ramificaciones del caso, que han salpicado directamente a dos hijos de Jordi Pujol, han puesto al gobierno de CiU contra las cuerdas.

El escándalo arrancó al conocerse la vinculación de Josep Pujol Ferrussola con la consultora Europraxis, que asesora a la multinacional Lear en el proceso de cierre de la planta de Cervera. Por su parte, Jordi Pujol Ferrusola es secretario general del Departamento de Industria, conserjería -encabezada por Antoni Subirà, primo político del presidente- a la que se acusa de inhibirse en el caso y de no hacer nada para ayudar a los trabajadores. Las críticas de «nepotismo» y de «connivencia» se han sucedido por parte de la oposición, que el martes pedirá la creación en el Parlamento catalán de una comisión de investigación.

No obstante, a medida que se conocen más detalles del caso -aunque ahora no tanto por el asunto Lear como por Europraxis- el escándalo alcanza dimensiones seriamente preocupantes para Jordi Pujol. Su hijo Josep fue socio de la citada consultora, actualmente propiedad al cien por cien de la compañía de tecnologías de la información Indra. En abril de 2001, Josep Pujol pactó con Indra la venta de su paquete accionarial, al igual que el resto de socios de Europraxis, en una operación que se cerró en diciembre de 2001. No obstante, Pujol Ferrusola acordó su continuidad como ejecutivo en la firma.

No fue hasta la adquisición de Europraxis por parte de Indra, que esta empresa comenzó a obtener importantes contratos de la Generalitat, según informaba ayer «El País». Entre estos, la modernización por 13,8 millones de euros de la gestión tributaria de la administración autonómica o el contrato para mejorar la regulación del tráfico por 4,78 millones de euros.

Si hasta ahora habían sido los consejeros de Industria y Trabajo quienes se habían enfrentado a la oposición -a la que acusaron de «fomentar la mentira» y de «miserable» por vincular al hijo de Pujol con el asunto Lear- ayer tuvo que ser el mismo presidente de la Generalitat quien se manifestara al respecto. Pujol dijo que «se debe huir de la demagogia y de hurgar en la herida, porque no es la mejor forma de servir al país». El dirigente de CiU acusó a la oposición de querer únicamente «desprestigiar» a su gobierno e insistió en que «no ha habido ninguna connivencia entre la Generalitat y Lear».