DANIEL G. LÓPEZUría dijo ayer que se lleva bien con Michavila, pero no con sus reformas
MADRID. Tal como ocurrió el año pasado cuando el Gobierno puso en marcha la iniciativa para promover una nueva Ley de Partidos que permita la ilegalización de formaciones que, como Batasuna, son acusadas de connivencia con el terrorismo, el PNV e Izquierda Unida también se han opuesto ahora frontalmente a las reformas legales que posibilitarán un endurecimiento del sistema penal para los terroristas y otros delincuentes autores de delitos muy graves.
El ministro de Justicia, José María Michavila, concluyó ayer con IU y PNV la ronda de conversaciones mantenidas en los últimos días con los representantes de los principales Grupos Parlamentarios para informarles de las reformas que hoy serán aprobadas por el Consejo de Ministros y remitidas al Congreso para su posterior tramitación parlamentaria. Las reformas incluirán entre otras novedades la elevación de 30 a 40 años del tiempo máximo en prisión; el cumplimiento íntegro de las penas; y diversas restricciones para la obtención del tercer grado penitenciario, especialmente en los casos de sustracción de dinero público.
«No puede haber cadena perpetua»
Tras haber recibido el respaldo «básico» del Partido Popular, el PSOE, CiU, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, Michavila recibió ayer la negativa de Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, y de Margarita Uría, diputada del PNV, a apoyar su proyecto. Ambos partidos coincidieron en que la medida esconde un «afán electoralista y propagandístico», tiene visos de inconstitucionalidad a la vista de que se regula una suerte de «cadena perpetua» y además «no será efectiva» a la hora de disuadir a los terroristas.
Uría defendió la utilidad del actual Código Penal para luchar contra el terrorismo al recordar que alberga la posibilidad de mantener en prisión a un etarra durante treinta años -«muchos pasan veinte, que no es poco tiempo», dijo-, aunque sí admitió que el actual sistema penal «no es siempre bien aplicado». «Quizás el sistema -sostuvo- exigiría una mayor dotación, un mayor número de profesionales y una atención más personalizada a cada recluso».
A su juicio, las reformas que hoy se pondrán en marcha «se parecen demasiado a la cadena perpetua porque 40 años de cárcel se alejan de la posibilidad de reinserción». En este punto, expresó también la oposición del PNV a que uno de los requisitos indispensables para que un terrorista pueda acogerse a las medidas de reinserción se base en un reconocimiento explícito de su abandono de la actividad criminal -«proclama pública» lo denominó Uría- porque de esta manera un terrorista arrepentido quedaría expuesto e indefenso ante la propia banda de la que reniega.
Más allá, la representante del PNV sostuvo que el Gobierno no se rige «por la búsqueda de la justicia», sino de la «venganza» con propuestas «propagandísticas que al final no creemos que sirvan para nada». Para los nacionalistas vascos, el hecho de que se haya producido un caso como el del etarra Jesús María Etxeberría -excarcelado en 2001 tras pasar trece años en prisión (de una condena total de 36), recientemente reintegrado en ETA y ahora detenido tras el asesinato del guardia civil Antonio Molina en Villalba (Madrid)-, no justifica «la modificación de todo un sistema penal». El PNV se apoyó en el dato de que hay «muy pocos» etarras presos que, al quedar libres, vuelven a la actividad terrorista. «Nosotros rechazamos esa frase de «que se pudran en la cárcel». Preferimos que cumplan sus condenas y que tengan una posibilidad real de reinserción en la sociedad». Uría no descartó que su Grupo busque en el futuro fórmulas para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas, aunque indicó que adelantar ahora esa posibilidad «no sé si es buena táctica. No se puede avanzar tan deprisa».
IU, a vueltas con el «Prestige»
Desde IU, Gaspar Llamazares rechazó que «una reforma tan trascendente parta únicamente del Gobierno» y echó de menos «un proceso más participativo». En cualquier caso, albergó dudas respecto a la constitucionalidad del proyecto por tres motivos: porque discriminará a unos presos respecto a otros en función de si militan o no en alguna organización terrorista; porque la reinserción «es mínima, casi anecdótica»; y porque vulnera el principio de división de poderes al restringir el ámbito de decisión de los jueces. «El Gobierno -dijo para justificar su tesis- fuerza la Constitución de tal manera que además no será eficaz en la lucha contra el terrorismo». «Es más efectiva la reinserción -añadió- que la venganza. No estamos de acuerdo con este retroceso histórico». En su opinión, se trata de una decisión gubernamental tomada «al calor» de su fracaso con el Prestige y de la cercanía de las elecciones de 2003.
Michavila expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la mayoría de los Grupos Parlamentarios y lamentó «la nueva oportunidad que han perdido el PNV e IU de ponerse del lado de las víctimas contra el terrorismo». El ministro, que calificó de «plenamente constitucional» toda la reforma, recordó que «cada vez que una decisión del Gobierno tiende a restringir el hábitat de los terroristas, el PNV se opone». «Al Ejecutivo -respondió a Uría- le basta con que haya un solo caso de una persona que atente contra la vida para legislar con el fin de impedirlo». Michavila sí recibió ayer el aval de Jaime Ignacio del Burgo (UPN), quien afirmó que «los etarras deben pudrirse en la cárcel porque no quieren reinsertarse».
