El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que instruye la causa abierta a raíz de los atentados del 11 de marzo, ordenó hoy el ingreso en prisión incondicional de Antonio Toro Castro por un presunto delito de colaboración con organización terrorista en relación con el suministro de sustancias explosivas.
En un auto notificado hoy, el magistrado afirma que los nuevos datos revelados por la investigación "permiten inferir la supuesta intervención" de Toro "en la trama que facilitó o suministró las sustancias explosivas a los presuntos terroristas islamistas que atentaron el 11 de marzo y el 3 de abril de 2004", cuando siete de ellos se suicidaron en Leganés.
Antonio Toro, cuñado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, también imputado en esta causa, fue detenido en relación con estos hechos el 28 de marzo y el 9 de junio, y en ambas ocasiones quedó en libertad tras prestar declaración ante Del Olmo, si bien desde el pasado 14 de octubre permanece internado en un centro penitenciario por un asunto de drogas por orden de la Audiencia de Oviedo.
Del Olmo detalla pasa a paso en el auto la "pluralidad de indicios" que le han llevado a atender la petición de ingreso en prisión de Toro realizada ayer por la fiscal Olga Sánchez.
Así, recuerda que el también imputado Rafa Zouhier, a pesar de las continuas "variaciones" introducidas en las cinco declaraciones prestadas hasta el momento, mantiene que fueron Toro y Trashorras quienes el 20 de febrero de 2003 le proporcionaron una muestra de dinamita y un detonador, cuando viajaron hasta Madrid desde Asturias.
Del Olmo asegura que esas manifestaciones, negadas "relativamente" por Trashorras y "de modo absoluto" por Toro en sus careos con Zouhier, se han podido constatar por las declaraciones prestadas por los guardias civiles que observaron y fotografiaron el encuentro entre estos imputados y, respecto al detonador, "por las heridas producidas en una de sus manos por Zouhier".
Aunque el magistrado reconoce que la credibilidad de las manifestaciones de los tres imputados se ve "debilitada" por sus imprecisiones y por "una 'estrategia' o planificada 'aportación' de datos con arreglo a intereses", afirma que "lo que sí se ha puesto de evidencia es la existencia, en el año 2001, de una supuesta 'oferta' de sustancia explosiva" por parte de Toro y Trashorras.
A esta conclusión se llega, según el juez, gracias a la declaración del testigo protegido Francisco Javier Villazón Lavandera, "Lavandero", y a la localización en julio de 2001 de material explosivo en una lonja utilizada por Toro y Trashorras.
"El tiempo transcurrido es considerable (desde el año 2001 hasta el año 2003, y posterior 2004), pero pone de manifiesto que los imputados Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras tenían capacidad, ya en el año 2001, de ofertar (y conseguir) sustancias explosivas en cantidad elevada", asegura Del Olmo.
La "disponibilidad" de explosivos en 2003 llevó, según reconoció el propio Trashorras, a la celebración de una reunión en un McDonald's del barrio madrileño de Carabanchel a la que, además del ex minero, asistieron entre otros Jamal Ahmidam, "El Chino" -muerto en Leganés-, Rachid Aglif -en prisión- y el propio Zouhier, y en la que se encargó a Trashorras que consiguiera 60 kilos de explosivo.
Con todos estos datos, Del Olmo afirma que "el desarrollo de la investigación hasta ahora practicada, a diferencia de anteriores situaciones de control de la situación personal de Toro, permite inferir la supuesta intervención del mismo en la trama que facilitó o suministró las sustancias explosivas a los presuntos terroristas islamistas que atentaron el 11 de marzo y el 3 de abril de 2004".
Con la expresión "anteriores situaciones de control", el juez se refiere a las dos ocasiones en las que Toro fue detenido, primero por la Policía y luego por la Guardia Civil, y quedó en libertad después de prestar declaración en la Audiencia Nacional.
En la última de ellas, en junio pasado, Del Olmo dejó a Toro y a su hermana Carmen (esposa de Suárez Trashorras) en libertad al considerar que "no se ha podido acreditar extremo alguno que justifique, más allá de su presencia en determinados lugares, intervención alguna efectiva" en la trama que permitió la obtención de los explosivos utilizados el 11-M.
Ahora, el juez decreta su prisión a la luz de los nuevos datos que ha ido arrojando la investigación, pero también por apreciar que "existe un riesgo fundado de huida" y de "reiteración delictiva" por parte de Toro, de quien dice que "no pueden pasar desapercibidos los antecedentes del imputado".
Se refiere Del Olmo al hecho de que Antonio Toro ha sido condenado recientemente a seis años de prisión por un delito de tráfico de drogas cometido en junio de 2003, causa por la que cumple prisión preventiva desde el pasado 14 de octubre, y está encausado en otra, en la que se localizaron, además de sustancias estupefacientes, explosivos y detonadores.
Por otra parte, el juez tomó hoy declaración como imputado a un traficante de hachís llamado Lofti, socio de "El Chino", de quien Zouhier dijo que era la persona que a finales de 2003 le proporcionó la pistola por la que el confidente fue acusado el pasado día 11 de un delito de tenencia ilícita de armas.
Del Olmo también interrogó, esta vez en calidad de testigo, a un guardia civil conocido como "Pedro", de quien -también según Zouhier- Lofti recibía las armas. Antes de declarar ante Del Olmo, y en conversación con varios periodistas, "Pedro" admitió conocer a Lofti y a Zouhier, pero negó las acusaciones del confidente.
En un auto notificado hoy, el magistrado afirma que los nuevos datos revelados por la investigación "permiten inferir la supuesta intervención" de Toro "en la trama que facilitó o suministró las sustancias explosivas a los presuntos terroristas islamistas que atentaron el 11 de marzo y el 3 de abril de 2004", cuando siete de ellos se suicidaron en Leganés.
Antonio Toro, cuñado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, también imputado en esta causa, fue detenido en relación con estos hechos el 28 de marzo y el 9 de junio, y en ambas ocasiones quedó en libertad tras prestar declaración ante Del Olmo, si bien desde el pasado 14 de octubre permanece internado en un centro penitenciario por un asunto de drogas por orden de la Audiencia de Oviedo.
Del Olmo detalla pasa a paso en el auto la "pluralidad de indicios" que le han llevado a atender la petición de ingreso en prisión de Toro realizada ayer por la fiscal Olga Sánchez.
Así, recuerda que el también imputado Rafa Zouhier, a pesar de las continuas "variaciones" introducidas en las cinco declaraciones prestadas hasta el momento, mantiene que fueron Toro y Trashorras quienes el 20 de febrero de 2003 le proporcionaron una muestra de dinamita y un detonador, cuando viajaron hasta Madrid desde Asturias.
Del Olmo asegura que esas manifestaciones, negadas "relativamente" por Trashorras y "de modo absoluto" por Toro en sus careos con Zouhier, se han podido constatar por las declaraciones prestadas por los guardias civiles que observaron y fotografiaron el encuentro entre estos imputados y, respecto al detonador, "por las heridas producidas en una de sus manos por Zouhier".
Aunque el magistrado reconoce que la credibilidad de las manifestaciones de los tres imputados se ve "debilitada" por sus imprecisiones y por "una 'estrategia' o planificada 'aportación' de datos con arreglo a intereses", afirma que "lo que sí se ha puesto de evidencia es la existencia, en el año 2001, de una supuesta 'oferta' de sustancia explosiva" por parte de Toro y Trashorras.
A esta conclusión se llega, según el juez, gracias a la declaración del testigo protegido Francisco Javier Villazón Lavandera, "Lavandero", y a la localización en julio de 2001 de material explosivo en una lonja utilizada por Toro y Trashorras.
"El tiempo transcurrido es considerable (desde el año 2001 hasta el año 2003, y posterior 2004), pero pone de manifiesto que los imputados Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras tenían capacidad, ya en el año 2001, de ofertar (y conseguir) sustancias explosivas en cantidad elevada", asegura Del Olmo.
La "disponibilidad" de explosivos en 2003 llevó, según reconoció el propio Trashorras, a la celebración de una reunión en un McDonald's del barrio madrileño de Carabanchel a la que, además del ex minero, asistieron entre otros Jamal Ahmidam, "El Chino" -muerto en Leganés-, Rachid Aglif -en prisión- y el propio Zouhier, y en la que se encargó a Trashorras que consiguiera 60 kilos de explosivo.
Con todos estos datos, Del Olmo afirma que "el desarrollo de la investigación hasta ahora practicada, a diferencia de anteriores situaciones de control de la situación personal de Toro, permite inferir la supuesta intervención del mismo en la trama que facilitó o suministró las sustancias explosivas a los presuntos terroristas islamistas que atentaron el 11 de marzo y el 3 de abril de 2004".
Con la expresión "anteriores situaciones de control", el juez se refiere a las dos ocasiones en las que Toro fue detenido, primero por la Policía y luego por la Guardia Civil, y quedó en libertad después de prestar declaración en la Audiencia Nacional.
En la última de ellas, en junio pasado, Del Olmo dejó a Toro y a su hermana Carmen (esposa de Suárez Trashorras) en libertad al considerar que "no se ha podido acreditar extremo alguno que justifique, más allá de su presencia en determinados lugares, intervención alguna efectiva" en la trama que permitió la obtención de los explosivos utilizados el 11-M.
Ahora, el juez decreta su prisión a la luz de los nuevos datos que ha ido arrojando la investigación, pero también por apreciar que "existe un riesgo fundado de huida" y de "reiteración delictiva" por parte de Toro, de quien dice que "no pueden pasar desapercibidos los antecedentes del imputado".
Se refiere Del Olmo al hecho de que Antonio Toro ha sido condenado recientemente a seis años de prisión por un delito de tráfico de drogas cometido en junio de 2003, causa por la que cumple prisión preventiva desde el pasado 14 de octubre, y está encausado en otra, en la que se localizaron, además de sustancias estupefacientes, explosivos y detonadores.
Por otra parte, el juez tomó hoy declaración como imputado a un traficante de hachís llamado Lofti, socio de "El Chino", de quien Zouhier dijo que era la persona que a finales de 2003 le proporcionó la pistola por la que el confidente fue acusado el pasado día 11 de un delito de tenencia ilícita de armas.
Del Olmo también interrogó, esta vez en calidad de testigo, a un guardia civil conocido como "Pedro", de quien -también según Zouhier- Lofti recibía las armas. Antes de declarar ante Del Olmo, y en conversación con varios periodistas, "Pedro" admitió conocer a Lofti y a Zouhier, pero negó las acusaciones del confidente.
