ROCÍO BLÁZQUEZ
SALAMANCA. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, aunque sin fechas de puesta en marcha y con la incógnita y los problemas de los edificios elegidos como sedes para esta instalación. Una decisión que llega con varios meses de retraso -la Ley fue aprobada en noviembre de 2005 y fijaba un plazo de un año para el Real Decreto-, y que nace con importantes problemas por los que a la elección de las sedes se refiere.
El Decreto establece que el centro estará diversificado entre el Colegio de San Ambrosio, actual Archivo de la Guerra Civil; la sede de la Audiencia Provincial y el Palacio de Orellana, de titularidad privada y sobre el que pesa un expediente de expropiación iniciado hace más de dos años. Se trata de un escollo al que el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, restó ayer importancia en Salamanca, porque en su opinión lo fundamental es que la ciudad contará con un centro de «referencia nacional e internacional».
Caldera, señaló que se trata de un proyecto «importantísimo», pero del que no existen plazos para su inicio y menos para su inauguración. Con un «pronto, cuanto antes», Caldera trató de solventar la incógnita de las fechas, pero hay que tener en cuenta los problemas que plantean dos de los edificios escogidos como sedes. Por lo que respecta a la Audiencia, el ministro señaló que «Cultura tiene mucha prisa», y explicó que la futura sede jurídica será decidida «en breve» por los ministerios de Economía y Justicia, y se barajan como posibles alternativas para el traslado de la Audiencia las antiguas dependencias de la Comisaría de Policía, cercanas a la Gran Vía, o la vieja sede de la Seguridad Social, también en el centro.
El Real Decreto aprobado en la mañana de ayer por el Consejo de Ministros incluye además una partida presupuestaria de 9 millones de euros que se destinará a la rehabilitación del Palacio de Justicia, unas dependencias con una superficie de 4.000 metros cuadrados.
Pendiente del Palacio de Orellana Por otro lado se encuentra el Palacio de Orellana, propiedad de la familia Pérez Herrasti, quienes han plantado cara ya en los tribunales a las pretensiones del Ejecutivo.
Se trata de un proceso de expropiación que lleva dilatado en el tiempo más de dos años, ya que la propia ministra de Cultura reconoció el 8 de junio de 2005 en la presentación en Madrid del Centro de la Memoria, que ya se habían iniciado los trámites para su expropiación y confiaba en aquel momento en que «a finales de año todo estará solucionado». Tres años después de aquello, sobre este respecto Caldera comentó que el justiprecio impuesto por los peritos está recurrido ante el Tribunal Supremo porque «es lesivo para los intereses del Estado». Así también acusó al Ayuntamiento de Salamanca de estar entorpeciendo esta operación.
El Centro Documental de la Memoria Histórica nace con la finalidad de organizar y recuperar todos los fondos documentales en cualquier soporte relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, para su estudio y catalogación. De gestión y titularidad estatal, dependerá orgánica y funcionalmente de la subdirección general de Archivos Estatales de la Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
«El proyecto, -según explicó en Salamanca el ministro de Trabajo-, tiene una clara orientación de mantenimiento de nuestra memoria histórica con el ánimo de no olvidar y de mantener los testimonios de nuestro pasado con el objetivo de que no vuelvan a repetirse aquellos luctuosos hechos».
Nuevos fondos
El futuro Centro Documental de la Memoria Histórica contará con nuevos fondos, «unos 45 kilómetros lineales de documentos más que se incorporarán en los próximos años, es decir, cinco veces superior a lo que actualmente existe en el Colegio de San Ambrosio», concluyó Caldera.
Los actuales fondos del Archivo de la Guerra Civil se verán incrementados con adquisiciones procedentes de nuestro país y de otros, principalmente de Francia, Rusia y México, que serán en una parte originales y en otra copias digitalizadas.
La función del nuevo centro será la de mantener y desarrollar el actual Archivo; recuperar, conservar y poner a disposición de los ciudadanos los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la Guerra Civil, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la Transición, según reza en el Real Decreto aprobado ayer.
El director del Centro Documental será nombrado por la ministra de Cultura a propuesta del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. El órgano rector del Centro será el Patronato, que estará presidido por la ministra de Cultura y contará con un vicepresidente, elegido por el pleno por un periodo de tres años entre los vocales designados por el Ministerio de Cultura.
Patronato
El Patronato contará con seis vocales natos, entre los que estarán un representante de la Junta de Castilla y León, nombrado a propuesta del Presidente de la Junta; el alcalde de Salamanca; el subsecretario del Ministerio de Cultura; el rector de la Universidad de Salamanca; el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, y el subdirector general de los Archivos Estatales.
Asimismo, tendrá diez vocales designados por el Ministerio de Cultura entre personalidades relevantes en el ámbito de los archivos y de la investigación histórica.
DAVID ARRANZ
Caldera se trasladó a Salamanca para explicar lo aprobado en el Consejo de Ministros
