COMO es bien sabido, la Transición política se complicó mucho al tener los españoles que enfrentarnos simultáneamente a una situación económica crítica. Porque si para aprobar la Constitución fue necesario aunar voluntades muy diversas, para frenar el proceso de latinoamericanización de la economía española fue necesario incorporar a la política de ajuste a las centrales sindicales, muy politizadas y de muy baja afiliación pero con capacidad para movilizar a las grandes empresas estatales, como habían demostrado ya en los últimos años de la dictadura. Los famosos Pactos de la Moncloa, incorporando a los sindicatos, sirvieron para reducir la inflación galopante y conseguir una relativa moderación salarial, pero al precio de garantizar a los líderes sindicales la pervivencia de todo lo que de corporativo, regulador e intervencionista tenía el antiguo sistema de los sindicatos verticales: comités de empresa, representatividad forzada, convenios colectivos obligatorios, ordenanzas laborales. Así se hizo en 1980 con el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo, que añadieron además los nuevos elementos que implicaban el régimen de libertades políticas y el llamado «estado de bienestar», en pleno auge en aquellos años en toda Europa.
La suma de intervencionismo franquista, consenso democrático y «estado de bienestar» socialista nos ha llevado en España al sistema laboral y sindical más injusto y disfuncional del mundo desarrollado y muy probablemente ha retrasado en varios años nuestra convergencia real con la renta media de la Unión Europea. Ahí están como prueba las cifras desoladoras del paro en la España democrática que, a pesar de haber mejorado muy sustancialmente en los últimos seis años, siguen entre las más elevadas del mundo. Pero esto no parece preocupar demasiado a nuestros líderes sindicales, que se consideran al parecer ungidos con una legitimidad histórica y moral que les exime de la necesaria representatividad -la tienen más por ley que por votos-, de un mínimo conocimiento de lo que es una economía moderna y abierta al mundo, y de una independencia económica que están muy lejos de alcanzar con las cuotas de su bajísima afiliación. Es decir, les votan muy pocos españoles, viven de los Presupuestos del Estado, hace años que no trabajan en empresa alguna, creen o simulan que creen en una economía que ya no existe y cuando se han metido a gestores de empresas han sido un desastre total. Y, a pesar de todo ello, nuestros líderes sindicales se oponen a que en España se gobierne democráticamente desde el Parlamento, al que de hecho han sustituido en el pasado en negociaciones interminables con sus equivalentes empresariales, simulacro que tal vez haya servido de algo en el pasado, pero que no tiene el menor sentido en la España del siglo XXI.
El Gobierno ha irritado profundamente a estos líderes sindicales porque ha considerado que había llegado el momento, después de seis años en los que se ha creado más empleo que en los veinte anteriores, de introducir pequeñas mejoras para reducir algo el fraude del falso paro involuntario. Y también, al mismo tiempo, poner un freno al descontrol de los mal llamados Planes de Empleo Rural en Extremadura y Andalucía, donde han provocado, además de fraude muy extenso, unos niveles de paro agrario y una cultura de dependencia sin igual en toda la Unión Europea. Con la política actual, estas dos regiones corren el peligro de quedar descolgadas para siempre del resto de España, que está aproximándose con relativa rapidez a los niveles medios de renta y empleo de la Unión. La respuesta sindical a estos cambios razonables de política económica ha sido de una arrogancia y de una falta de consistencia tan difícilmente justificables que a muchos nos ha recordado los enfrentamientos en las empresas estatales de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Tal vez nuestros sindicalistas añoran con nostalgia aquellas huelgas en las grandes empresas públicas que siempre ganaban y que las arruinaron definitivamente.
Y ahora nos convocan nada menos que a una huelga general, como si estuviéramos en una situación de crisis prerrevolucionaria y no en un país moderno, democrático y en una etapa de prosperidad prolongada sin precedentes. Esta vieja costumbre, reavivada recientemente, de los sindicatos y partidos de izquierda de echarse a la calle con el menor motivo tal vez sirva para disimular algo su indigencia ideológica y su debilidad política, pero seguro que no les lleva a recuperar los votos perdidos. Bastaría recordarles que la famosa huelga general de diciembre de 1988 tuvo dos resultados claros: una política de gasto público desbocado que nos llevó a la gran crisis económica de 1992 y una nueva mayoría absoluta de Felipe González contra el que se hizo la huelga.
Si Rodríguez Zapatero y sus compañeros de ejecutiva socialista creen de verdad que estos líderes sindicales representan a la mayoría de los 16 millones de empleados de este país es que no se merecen llegar nunca al Gobierno de España. Y todavía menos si piensan que parar unos cuantos servicios públicos, sacar a la calle a unos miles de liberados sindicales y la actuación violenta de los «piquetes informativos» van a debilitar un ápice al Gobierno legítimo de la nación. Y no digamos nada si la fiesta acaba, como ya pasó en Barcelona, con los líderes socialistas encabezando una manifestación de tontarras antiglobales en Sevilla aprovechando la celebración del último Consejo Europeo presidido por Aznar. Empiezo a sospechar que todo esto, incluido el decreto ley, ha sido urdido inteligentemente desde la Moncloa para remachar definitivamente la más que probable victoria electoral del Partido Popular en las próximas elecciones legislativas de 2004.
