COMO ya ocurriera con un integrante de la célula de Al Qaida que planeaba «hacer algo muy gordo en Madrid», uno de los detenidos en la última operación contra el terrorismo islamista en España estuvo seis meses moviéndose por todo el país (y con aparente facilidad) pese a llevar a cuestas hasta dos órdenes de expulsión, sin que ninguna de ellas se llegara nunca a ejecutar. Casos como el de Andrey Misura -el bielorruso apresado en Palma de Mallorca, del que Interior reconoce su alta peligrosidad- ponen de manifiesto el muy deficiente funcionamiento de los procedimientos de expulsión. Hasta dos veces fue detenido por la Policía y, pese a estar buscado en media Europa, en ambas ocasiones eludió su repatriación. O el Gobierno comienza a tomarse en serio esta proliferación de fallos lamentables o algún día la detención se producirá demasiado tarde.


