S.N.
PALENCIA/MADRID. La reacciones al auto del juez Baltasar Garzón en el que imputa a los tres peritos que elaboraron el ya conocido como «informe del ácido bórico» se movieron ayer entre el respeto ante esta actuación de la Justicia y determinados intentos de desacreditarla. Así, mientras el líder de la oposición, Mariano Rajoy, manifestaba ayer en la Convención Regional del PP de Castilla y León celebrada en Palencia que «no es nuestra responsabilidad juzgar lo que hagan los jueces», el diputado del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo, uno de los «arietes» parlamentarios de la «teoría de la conspiración», tachaba de «espectáculo bochornoso» la acción del magistrado porque «encima, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional». Por ello, estimó que «parece que el juez está prestando un servicio al Gobierno».
Del Burgo esgrimió un discurso alejado del espíritu del de Rajoy, quien disoció nítidamente el ámbito político del judicial y dijo también que «yo espero que al final los Tribunales aclaren la verdad, pero espero también que al final las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sus responsables políticos y el señor ministro del Interior cuenten la verdad».
Así, Rajoy fue al grano de escándalos que según su criterio sí ponen en entredicho la ejecutoria del Ministerio del Interior, pero no incluyó entre ellos el informe del ácido bórico: «Lo que está ocurriendo hoy en Interior empieza a recordarnos a tiempos pasados, a lo que ocurrió entre los años 90 y 96. Nadie ha explicado la detención ilegal de militantes del PP. Nadie ha explicado por qué se abre un sumario acusando a uno de los cuerpos de seguridad de avisar a un etarra que iba a ser detenido de que iba a ser detenido. Nadie ha explicado qué pasa con el jefe de Seguridad del PSOE. Esto exige que el ministro del Interior comparezca. Ya debería haber comparecido», según informa Belén Mollera. Entretanto, el responsable de Libertades Públicas y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, manifestó en la Cope que corresponde a los Tribunales aclarar «el embrollo de falsificado de falsificados».
También se refirió a esta cuestión el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, quien expresó su respeto a la decisión de Baltasar Garzón. En una declaración leída en la sede socialista de Ferraz y como portavoz también del partido, López Garrido dijo que el PSOE «acata siempre las actuaciones judiciales, también las que está llevando el juez Garzón». «Estamos convencidos -añadió- de que las investigaciones del Poder judicial, que en su momento llevaron a la detención de los presuntos terroristas islamistas del 11-M, también ahora van a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento público».
En el documento del Partido Socialista también se argumenta que van a quedar al descubierto «quienes con ello -la «conexión» del ácido bórico-quieren vincular a ETA con el 11-M a cualquier precio, aunque sea sin ningún fundamento y contra toda evidencia policial y judicial».
Zaplana entra al trapo
La nota socialista no dejó indiferente al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana (el gran valedor de la «conspiración»), quien en un juego semántico que evitaba incurrir en discrepancias públicas con Rajoy, difundió ayer una nota en la que decía que «por primera vez en mucho tiempo» está de acuerdo con el PSOE y López Garrido en que «cuando se demuestre quiénes son los verdaderos falsificadores de documentos», será necesario descubrir también «quién ha instigado esa falsificación». También indica que «si ha habido falsificación, como yo creo que la ha habido, la vía parlamentaria debe ser un compromiso para la asunción de responsabilidades».
