ELCHE/ALICANTE. Con independecia de dirimir qué es peor, si la circunstancia de que un representante institucional haya sido condenado por los tribunales o lo mal que lo ha encajado éste, el hecho es que los insultos proferidos por el subdelegado del Consell en Elche, Manuel Ortuño, a la diputada del PP Enriqueta Selller han quedado destintados de impunidad. Ortuño ha sido condenado al pago de una multa de sesenta euros, a razón de cuatro euros al día durante quince, por descalificar a Seller durante la celebración, el pasado 27 de octubre, de la asamblea de compromisarios del PP de Elche al congreso regional que los populares celebraron unas semanas después en Castellón.
El juez no ha atendido la solicitud de pago de una indemnización de 12.000 euros solicitada por el abogado de la denunciante en concepto de reparación de los daños morales causados.
Con la clara intención de anticiparse a la instrumentalización partidista de la decisión judicial, el subdelegado del Consell se encargó de divulgar él mismo su sentencia condenatoria en medio, eso sí, de comprometedoras valoraciones sobre la actuación del magistrado que la ha dictado. Así, se apresuró a anunciar su intención de apelar el fallo porque, de acuerdo con su criterio, éste «no se ajusta a derecho». Es más, Ortuño no tiene dudas de que el juez «se ha equivocado», por lo que se reservó su derecho de elevar incluso una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las inmensas dudas que asegura suscitarle el proceder del juez designado para entender del caso.
El tono inquietante de sus declaraciones llegó cuando éste no tuvo empacho en sugerir que el fallo del juez ha podido estar condicionado por su relación de amistad con el hermano de la denunciante, también perteneciente a la carrera judicial. En este sentido, aseguró que tiene toda la intención de indagar si las «influencias externas» proyectadas por el hermano juez de Seller han «tenido algo que ver» en la orientación del dictamen judicial, pese a que confesó no tener constancia de la existencia de «un cruce de llamadas».
Como colofón, Ortuño se aferró a su tesis de que tras la denuncia formulada por la diputada se esconde la mano del presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y la de su predecesor Julio de España. Además, cree que algunos de los testigos aportados en el proceso por la defensa de Seller mintieron, por lo que planea querellarse contra ellos.
Por su parte, Seller, mostró su esperanza de que la sentencia que condena a Ortuño , así como «el reproche social» que merecen estas conductas, seantenidos en cuenta por la dirección del PP,En su opinión, lo que Ortuño ha venido a hacer «perjudica seriamente a toda la organización política», hasta lograr «emponzoñar» a la formación hasta el punto de que, desde el exterior, se visualicen unos comportamientos inapropiados con su cargo y su persona», La diputada nacional indicó que pese a que el de Ortuño es un «patrón de conducta que no se da habitualmente» en el PP, precisamente por ello se trata de una actitud sin cabida posible en el seno de la formación.
Seller insistió también en que el PP debe actuar «en consecuencia con respetoa las leyes y las decisiones judiciales», al tiempo que instó al subdelegado del Consell, sobre quien hay abierto un expediente disciplinario en Génova, a «aterrizar en la realidad» y a «reconocer que es culpable porque ha injuriado a una persona».
