SANTANDER. Cantabria ha hecho valer sus argumentos territoriales frente a Vizcaya en el litigio que mantienen desde 1552 sobre la línea divisoria entre los municipios de Guriezo y Trucíos. Lo ha dicho la Audiencia Nacional: el casco urbano de Agüera y el monte Fuentebosa -una superficie total de 800 hectáreas- pertenecen a Cantabria y no a Vizcaya.

La sentencia, hecha pública el jueves, echa abajo el deslinde entre los municipios de Guriezo (Cantabria) y Trucíos (Vizcaya) realizado en 2003 por el Ministerio de Administraciones Públicas, que trazaba una línea divisoria favorable a las tesis anexionistas vascas, que son ahora desestimadas. El tribunal comparte los argumentos que defendían la cantabricidad del monte y casco urbano de Agüera, ordenando al Estado adoptar «cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de dicha situación».

Con esta sentencia, el Gobierno regional gana una batalla pero no la «guerra territorial», ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, vía que tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el gobierno vasco y el ayuntamiento de Trucíos agotarán.

¿Por qué la Audiencia Nacional ha inclinado su balanza sobre las tesis cántabras? El gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Guriezo sostenían que, a efectos de deslinde entre Trucíos y Guriezo, había que atenerse al realizado en 1739 en la época de Felipe V, consentido por Trucíos, que incluía los terrenos en litigio bajo suelo cántabro. Por contra, las administraciones vascas y el Estado no admitían ningún valor jurídico a ese deslinde y consideraban de aplicación el efectuado en julio de 1852, en época de Isabel II, que excluía al casco urbano de la pedanía de Agüera y uno de sus montes de Cantabria. Este deslinde, que se funda a su vez en otro realizado en 1552, no fue consentido por la parte cántabra (en aquella época el ayuntamiento de Sámano y la provincia de Santander).

Jurisprudencia del Supremo

La Audiencia Nacional acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apoyar los argumentos de las administraciones regional y municipal cántabras, y determinar que el deslinde que debe acogerse, por ser ajustado a derecho, es el realizado en 1739. Así, el acuerdo mutuo mostrado hace siglos entre los municipios afectados sobre las líneas divisorias territoriales que los separan es el punto decisivo que ha determinado el fallo judicial. En este contexto, el magistrado ponente de la sentencia, Fernando F. Benito Moreno, subraya que sólo en el deslinde de 1739 «nos encontramos ante unos límites jurisdiccionales de mutuo acuerdo entre el municipio de Sámano, hoy municipio de Guriezo, y Trucíos».

Por contra, el deslinde de 1852, defendido por las administraciones vascas, «no fue consentido por parte del municipio de Sámano... por tanto hay que estar al deslinde de 1739 y no al de 1852». Asegura el tribunal que los representantes de Sámano únicamente suscribieron el aprovechamiento de leñas del monte en litigio por parte vasca, pero ningún acuerdo hubo en lo referido a los límites jurisdiccionales.

Como las administraciones vascas pusieron en duda esta controversia, la sentencia recuerda que en el deslinde de 1852, rechazado por el tribunal, consta «la oposición de la comisión del ayuntamiento de Sámano, compuesta por el alcalde, el teniente alcalde, los regidores y el secretario, no firmando el acta». El propio ayuntamiento dirigió un escrito al gobernador de Santander manifestando su oposición al deslinde practicado y solicitando su suspensión.

Revilla anuncia más reivindicaciones

«Nosotros vamos a hacer alguna reivindicación más en esa zona, no voy a decir más, pero será para ganarla también», anunció el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nada más conocer la sentencia. El líder regionalista, afirmó satisfecho que «en lo personal es un día importante ya que Cantabria es un poco más grande, y en esta guerra he padecido numerosas vicisitudes».

La primera autoridad regional advierte que este litigio territorial con el País Vasco no es «una tontería», porque «esas cosas se empiezan con 800 hectáreas y miran a Castro Urdiales y miran a Laredo. Ya hemos visto carteles y alguna folletería donde, si te dejas, te van llevando poco a poco».

En un tono enardecido, el presidente regional asegura que Cantabria no puede permitir que perdamos un metro cuadrado. Esas pretensiones anexionistas de los vascos no las vamos a consentir».

La integridad territorial de Cantabria, según Revilla, «no es un tema ni siquiera del gobierno. Ello forma parte de mi actividad política, el defender el territorio de Cantabria ante cualquiera que quiera venirnos a quitar un trozo de nuestro «prao». Es una batalla que he llevado con el alcalde de Guriezo».

La «guerra de los carteles»

El titular del ejecutivo también aludió a otro contencioso con la comunidad autónoma vasca, Villaverde de Trucíos: «Nosotros, los regionalistas, hemos estado en primera línea de combate y he tenido que sufrir allí pinchazos en las ruedas del coche e ir custodiado por la Guardia Civil. Afortunadamente, si voy hoy a Villaverde de Trucíos, voy con la misma tranquilidad que a mi municipio natal. Estoy orgulloso, y eso es una tarea que ha costado años, que en su ayuntamiento estén las banderas de España y Cantabria».

Miguel Ángel Revilla recordó el episodio conocido como «guerra de los carteles» en el año 1996: «Fui con el alcalde de Guriezo a colocar en el pueblo de Agüera un cartel donde entendíamos que estaba el límite de Cantabria con el País Vasco. Ordené al capitán de la Guardia Civil de Castro Urdiales que ejerciera sus competencias y desalojó a la Ertzaintza, que había sido enviada por la Diputación Foral de Vizcaya. La noche siguiente apareció derribado». Luego siguió un proceso judicial, que se celebró finalmente en Castro Urdiales, en el que fueron absueltos Revilla e Izaguirre.