ROBER SOLSONA Una señora cuida a un anciano
J. MORILLO
SEVILLA. La aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía no ha conseguido uno de sus objetivos: descargar al ámbito familiar de la atención y cuidados al dependiente, que, en la mayoría de los casos, corresponde a un perfil muy definido de cuidador: mujeres de más de cincuenta años. La razón no es otra que la carencia de recursos asistenciales que presenta la comunidad, donde las plazas en residencias son inferiores a la media nacional y los centros de noche son casi nulos, como señalaba un estudio sobre la Ley premiado por la propia Junta de Andalucía.
Esta conclusión se desprende de las últimas estadísticas publicadas, a fecha 1 de enero de 2009, por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Estos datos señalan que el mayor porcentaje de prestaciones reconocidas por la ley, para grandes dependientes y severos, corresponden al capítulo Prestaciones económicas por cuidados familiares.
Los datos del Imserso, dependiente de ese Ministerio, muestran que en Andalucía se cursaron hasta el 1 de enero 233.521 solicitudes, de las que se han emitido 174.903 dictámenes y se han resuelto 119.298 expedientes, que permitirán a estas personas acogerse a las ayudas. Esta comunidad es, de largo, la que más solicitudes ha presentado, seguida muy de lejos por Cataluña, donde han concurrido 98.987, de las que se han resuelto ya 74.936.
119.298 personas reconocidas
De las 119.298 personas reconocidas como dependientes, 42.552 se benefician de las prestaciones económicas por cuidados familiares, lo quesupone el 35,67% de todas las concedidas en Andalucía. Estas cifras contrastan con prestaciones que la Ley reconoce a los dependientes, como la atención residencial y la que dispensan los centros de día y de noche.
De entrada, tan sólo 11.470 personas en la comunidad se benefician de atención residencial, lo que supone un porcentaje del 9,61%. Esta cifra es muy inferior a la que presentan tres comunidades gobernadas por el PP en este capítulo. Así, en Madrid se benefician de la atención residencial el 45,88% de los dependientes con derecho a prestación; en la Comunidad Valenciana, el 31,49%; y en Castilla-León el 19,20%.
Respecto a centros de día y de noche, sólo 6.667 dependientes se benefician de esta prestación, el 3,91%, porcentaje inferior también al que presentan otras comunidades como Madrid (6,75%) y el País Vasco (12,55%).
Estos datos muestran cómo la atención al dependiente en Andalucía sigue vinculada al ámbito familiar, realicen los cuidados las propias familias o mediante la contratación de personal, sea profesional o no.
Cuidadores no profesionales
En ese sentido, las estadísticas del Ministerio señalan que 22.012 personas en la comunidad forman parte del convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, que son familiares o personas del entorno de los dependientes.
Estos 22.012 cuidadores no profesionales suponen aproximadamente la mitad de los que tienen firmado el convenio con el Ministerio en toda España, cuya cifra total es de 44.088. Una cifra que, además, contrasta con la que presentan otras comunidades, como Cataluña (2.617), Comunidad Valenciana (1.229) y Madrid (31).
Por sexo y edad, la estadística señala que los cuidadores son por amplia mayoría mujeres, 41.815, frente a 2.273 hombres. Por edades, más de la mitad de estos cuidadores son mayores de 51 años, 23.698, frente a los 20.390 menores de esa edad. Datos que muestran que de los dependientes se siguen encargando, en porcentaje amplio en Andalucía, mujeres mayores de 50 años.
Estas estadísticas se corresponden con las conclusiones de un estudio realizado por dos funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía, Rafael Pérez y José Manuel Olmedo, sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la comunidad.
Este estudio, premiado por la propia Junta, señala que las plazas en residencias son inferiores a la media nacional y las correspondientes a centros de noche casi nulas. Este motivo, continúan, ha favorecido la ingente asignación de pagas económicas, un recurso excepcional en la Ley.
