Cada vez más españoles pierden la pista de sus hijos a manos de sus ex parejas

Por recomendación de sus abogados solicitó el permiso de residencia en Turquía para legalizar su situación y que los trámites fueran más sencillos. Sin embargo, en la primera vista del caso, a pesar de que madre e hija acababan de abandonar el país, la jueza decide que se declara competente y seguir con el caso.. «Yo desconocía dónde se fueron y se abrió un proceso en paralelo por secuestro de un menor».

Meses antes de la sentencia se comunica que están en Holanda «y la jueza dicta una sentencia a mi favor concediéndome un régimen de visitas. Como Turquía no está en la UE busqué un abogado en Holanda y tuve que empezar de cero. Tras 10 meses, mis nuevos abogados me dicen que no puedo seguir con el proceso por secuestro. Lo peor es que hace unas semanas me comunicaron que ellas ya no viven en Holanda y que debo buscarlas de nuevo y empezar con otros abogados. ¿Por qué no se impide que salgan de un país cuando hay un proceso abierto?», se pregunta desesperado este padre.

El caso de Enrique no es aislado. Hace unas semanas, la sociedad española era testigo de la dramática vivencia de una mujer valenciana a la que las autoridades judiciales informaron de que sus tres hijos regresarían de inmediato a México, de donde les sacó la madre de manera ilícita, para vivir de nuevo con el padre de los menores. «Pobre mujer», «¡Qué desgracia!», «Es lo peor que le puede pasar a una madre»..., son solo algunos de los comentarios de muchos ciudadanos al conocer la triste noticia.

Sin ánimo de entrar en valoraciones sobre cuál de los dos progenitores tiene razón, lo cierto es que cada vez que ocurre un suceso similar siempre brilla por su ausencia la valoración del sufrimiento y consecuencias para las verdaderas víctimas: los hijos. «Una separación saca lo peor de las personas y para hacer el mayor daño posible a la pareja se utiliza y manipula a los hijos para ponerles en contra de uno de los padres —apunta el psicólogo forense José Manuel Aguilar—. La Justicia debería considerar preferentes estos casos de sustracción de menores porque el daño en los pequeños es terrible y tienen consecuencias para su futuro desarrollo como personas».

En primer lugar por la sensación de desarraigo que sufren al desligarse de una parte de su familia, de sus amigos, de su país, su cultura, idioma... y por la imagen destructiva que recibe de uno de sus progenitores, al que deja de ver. «Pero también obtiene una mala imagen de las sentencias, la Justicia... al percibir cómo le obligan a hacer cosas que él no quiere hacer y, peor aún, su progenitor le enseña a burlar la ley, lo que afecta a la construcción de su propia personalidad».

A todo ello hay que añadir la aparición de sintomatologías ansioso depresivas, trastornos de la alimentación y del sueño. «Además —explica el psicólogo forense—, cuando son adultos o bien no quieren saber nada de sus padres, los evitan por el daño causando, son temerosos en sus relaciones de pareja, o repiten con ella y sus hijos las conductas que han aprendido».

Ante este panorama creciente, Lucía Prado, presidenta de la Fundación Filia, insiste en defender ante todo el interés del menor. Hace un triple llamamiento. «A la Administración de Justicia porque es lenta, ineficaz y no condena los incumplimientos de una sentencia por parte de los padres. También a los progenitores, sobre todo cuando cada uno es de un país diferente, porque si traen un niño al mundo deben ser responsables y acordar, en caso de separación, que se velará por el interés del pequeño por encima de todo. Por último, —señala Prado— la prensa sensacionalista no debe centrarse en unas imágenes de una madre sufriendo, y menos hacer juicios paralelos sin datos. Nadie se preocupa en pensar "pobres hijos", porque relamente este problema parece invisible».

Lucía Prado insiste en que no hay que obviar que el progenitor que niega a los hijos a que vean a su otro padre lo consigue presionándoles, enagañándoles, causándoles odio... por lo que crecerán sin el equilibrio adecuado y con una gran desconfianza de por vida. «El problema —añade Antonio Vázquez, vicepresidente y letrado de la Fundación Filia— está en los progenitores. Los padres están obligados a proteger a los hijos siempre, sin excusas. Este asunto no es negociable».

Sin embargo, cada vez hay más casos en los que uno de los padres se lleva a los hijos a otro país sin el consentimiento del otro. Y es que no hay que olvidar que, tal y como se deduce de las estadísticas, durante los últimos años ha habido en España un aumento de matrimonios mixtos, en los que alguno de los cónyuges era extranjero. «Concretamente, en un 23% de los matrimonios celebrados en la primera mitad de 2011 al menos uno de los cónyuges era extranjero —explica Francisco Javier Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alienación Parental—. Es decir, que hoy casi uno de cada cuatro matrimonios son mixtos. Si tienen hijos comunes y la pareja se rompe es frecuente que el progenitor extranjero regrese a su país con los niños».

La decisión del cambio de domicilio de los hijos no puede ser decidida por un progenitor, debe decidirse de mutuo acuerdo. «Desgraciadamente, el traslado se lleva a cabo por la vía de hecho, dejando poco margen de reacción al otro progenitor, que de la noche a la mañana se ve apartado de sus hijos», asegura Inmaculada Ruz, presidente de la Sección de Derecho Matrimonial y de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

En el caso de que se lleve a cabo un traslado ilícito, el cónyuge afectado debe acudir a un abogado especializado en Derecho de Familia y que haya actuado ya en casos similares. Deberá interponer una solicitud de restitución ante la Autoridad Central de su lugar de residencia, y ésta se la trasladará a la Autoridad del Estado donde se encuentre el menor. «La solicitud debe interponerse de inmediato, ya que si los niños llegan a adaptarse a su nueva vida en el país requerido, la solicitud de restitución puede ser denegada, a pesar de que el traslado fuese ilícito», matiza.

El procedimiento dependerá del país al que se haya trasladado a los menores. En 1980 entró en vigor el Convenio de la Haya, un acuerdo internacional para garantizar el inmediato retorno de los menores objeto de sustracción internacional. Se aplica entre España y todos los estados que han aceptado su adhesión. Con estados no comunitarios y no firmantes del Convenio de la Haya, se aplicarán las normas generales sobre reconocimiento de resoluciones extranjeras, salvo que exista algún convenio bilateral.

Al existir un mayor número de casos, la cuestión es si hay alguna posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de evitar este tipo de sustracción internacional de menores. Para el abogado José Luis Sariego sí la hay «pero sería necesaria una ley en España como la americana (en algunos estados) o canadiense porque allí quien comete este delito va a la carcel y, además, pierde de por vida la custodia y visitas con sus hijos, en el caso de que consigan dar con ellos».

Menos claro lo tiene Inmaculada Ruz quien considera que se trata de una cuestión muy compleja, en la que entran en juego las legislaciones de cada país. «Además, depende de la voluntad de los progenitores. No obstante, lo que sí se puede hacer es blindar al máximo la situación, para minimizar los riesgos. A la hora de acordar las medidas derivadas del divorcio o ruptura es necesario indicar cuál es el lugar de residencia de los menores y detallando el régimen de comunicación o estancias con cada uno de los progenitores. Debemos prever cómo se harán los traslados, quién los asumirá, etc. Así, si uno de los progenitores incumple el convenio regulador, será más fácil restituir a los menores».