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La Policía clausura un piso de Pocholo Martínez-Bordiú donde se llevaban a cabo encuentros sexuales

El piso número 81 de Las Ramblas de Barcelona era el escenario en el que tenía lugar la actividad

Imagen del edificio
Imagen del edificio - GOOGLE MAPS
D. MORÁN/ A. CABEZA Barcelona - Actualizado: Guardado en: Gente&Estilo Gente

Es uno de los cerca de veinte pisos que la Guardia Urbana de Barcelona tiene bajo vigilancia por alquilar sin ningún tipo de licencia administrativa habitaciones para encuentros y escarceos sexuales pero, sin duda, el único con un propietario tan ilustre como José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo, showman a jornada completa que después de apurar todas las madrugadas televisivas se borró del mapa para recluirse en la isla de Ibiza.

En realidad, el piso en cuestión, un céntrico apartamento ubicado en el número 81 de Las Ramblas, corazón turístico de la capital catalana y una de las zonas más conflictivas en cuanto a alojamientos sin licencia se refiere, es propiedad de los cinco hermanos Martínez-Bordiú -Clotilde, Alejo, Esperanza, Alfonso y José María-, pero fue el nombre del mediático Pocholo, barón de Gotor, el que copó ayer titulares e informaciones cuando trascendió que el Ayuntamiento de Barcelona había precintado el inmueble por «actividad ilícita».

Un tecnicismo tras el que se encuentra la tradición barcelonesa de los «meublés», alojamientos clandestinos o semiclandestinos que se alquilan o realquilan por horas para mantener encuentros sexuales discretos sin que el propietario del inmueble sepa necesariamente qué está ocurriendo dentro de sus cuatro paredes. Este, de hecho, es el caso en el que se habría visto envuelto Pocholo y los Martínez-Bordiú ya que, según fuentes cercanas al caso, habría sido la propia familia la que denunció al Consistorio que el inquilino al que había alquilado el piso lo estaba comercializando como casa de citas.

Sin respuesta

Por su parte, fuentes municipales explicaron a este diario que el caso se remonta a julio de 2016 cuando, después de una primera denuncia, la Guardia Urbana constató irregularidades e inició un procedimiento de actuación para paralizar la actividad ilegal en el alojamiento. La iniciativa, sin embargo, cayó en saco roto ante la imposibilidad inicial de localizar o contactar con los ocupantes de la vivienda. Finalmente, y tras una petición formal para que el «meublé» dejase de operar como tal - a la que los inquilinos también hicieron oídos sordos- el Ayuntamiento acabó ordenando el pasado mes de febrero «el precinto inmediato del piso así como el decomiso de los muebles, herramientas, géneros y el resto de enseres y efectos para la comisión de la infracción». Esta misma semana, una vez constatado que la actividad había cesado y que no quedaba rastro alguno ni de los inquilinos ni sus actividades ilícitas, se levantó el precinto y el piso de los Martínez-Bordiú recuperó la normalidad.

El «meublé» en cuestión, según la operativa habitual en este tipo de situaciones, habría encontrado ya un nuevo inmueble el que alquiler habitaciones por horas a espaldas de la ley. El caso, un clásico en el entramado de subarriendos de dudoso propósito, recuerda a otro que se ha vivido esta misma semana también en Barcelona, cuando el propietario del piso en el que se había instalado Lumi Dolls, el primer burdel con muñecas hiperrealistas, decidió rescindir el contrato de alquiler tras descubrir lo que ocurría en su propiedad a través de internet.

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