El eurodiputado Enrique Calvet
El eurodiputado Enrique Calvet - Ernesto Agudo

Piden a la Comisión Europea investigar la legalidad del Cupo

El eurodiputado Enrique Calvet considera que el País Vasco contribuye menos de lo que debería al Estado

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El eurodiputado Enrique Calvet ha pedido a la Comisión Europea (CE) que investigue si el Concierto Económico y el Cupo constituyen ayudas ilegales del Estado. En una carta remitida a la comisaria Margrethe Vestager, el exsocialista alegó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya consideró en el pasado que este tipo de instrumentos fiscales son irregulares, lo cual conllevó una multa de 30 millones de euros.

En su misiva, Calvet explica que los cambios adoptados en la nueva Ley del Cupo podrían ser utilizados por la Comunidad Autónoma para ofrecer «ayudas ilegales de Estado a las empresas instaladas en su territorio». En este punto, el eurodiputado hace mención a la sentencia dictada por el TJUE en 2008, la cual señala que una ayuda del Estado «podrá ser ilegal cuando tenga un carácter selectivo», aunque no será irregular «cuando la entidad infraestatal que las ofrezca», el País Vasco en este caso, «se le reconozca la autonomía institucional, procedimental y económica».

«Si bien la justicia española ha reconocido la existencia de autonomía económica en el País Vasco, la propia Comisión formuló alegaciones en la causa europea en otro sentido –asevera Calvet en su carta–. La cuestión no es solo cómo se calcula y aplica el Cupo en el País Vasco, sino que esta CC.AA. contribuye con menos de lo que debería a las cargas del Estado, lo que ocultaría compensaciones financieras que permitirían a su vez la reducción de impuestos en las Haciendas locales».

En la misma línea, el eurodiputado considera que el País Vasco «no estaría asumiendo todas las consecuencias financieras de las medidas de reducción del tipo impositivo o de aumento de las deducciones autorizadas», por lo que tampoco estaría cumpliendo con el requisito de autonómica económica que exige la sentencia del TJUE de 2008. «Esta circunstancia pondría a esta CC.AA., y al Estado español, en situación de ser investigada por la Comisión europea en aplicación del régimen comunitario de las ayudas de Estado», concluye.