Íñigo Urkullu, junto a Maddalen Iriarte
Íñigo Urkullu, junto a Maddalen Iriarte - EFE

El Parlamento debatirá amparar a las víctimas del franquismo a instancias de EH Bildu

Los radicales proponen indemnizar a los damnificados por la dictadura

BilbaoActualizado:

EH Bildu fomentará una ley de Memoria Histórica que reconozca y ampare a las víctimas vascas del franquismo. La propuesta, que fue registrada ayer en la Cámara autonómica, incide en los casos de asesinato, tortura, sustracción de bebés y encarcelamiento que acontecieron entre el 18 de julio de 1936, día en el que se consagró la sublevación militar contra la República; y el 29 de diciembre de 1978, cuando entró en vigor la Constitución. Se trata, en palabras del parlamentario radical Julen Arzuaga, de un «buen producto legislativo» que dará respuesta a un colectivo a su parecer «ignorado» por la Justicia española.

En el documento que presentó este miércoles en la Cámara vasca, el grupo independentista argumenta que la Ley de Amnistía de 1977 permitió que «autores de crímenes de lesa humanidad» quedaran impunes, lo cual vulneró los derechos de sus víctimas y de las familias de estas. En este sentido, explica que su embrionaria ley de reparación integral de los damnificados por la dictadura solventará las carencias de una Justicia que, asegura, eludió su «obligación estatal» de velar por «la verdad».

«Comisión de la verdad»

Por ello, los radicales abogan por la creación de una orwelliana «comisión de la verdad» que decidiría qué víctimas merecen ser compensadas. En el caso de que pasen la criba, EH Bildu propone indemnizar con 3.000 euros a aquellos que hayan sufrido detenciones arbitrarias durante un período mínimo de cuatro meses por razones ideológicas, de raza, credo o identidad social; con 180.000 a las personas que sufran situaciones de incapacidad permanente absoluta; con 250.000 a los familiares de ejecutados o asesinados; y con 500.000 a damnificados «de gran invalidez».

La coalición soberanista retoma el debate del franquismo tras el fallido intento de Unidos Podemos de declarar ilegales los procedimientos judiciales y los consejos de guerra instruidos entre el 36 y el 78. Iniciativa que fue rechazada en el pleno del pasado 9 de noviembre por el grupo parlamentario del PNV, cuyos representantes alegaron que no tienen competencias para legislar sobre dicha materia. A pesar del precedente, Arzuaga se mostró ayer confiado en que su proposición logrará eludir los «tecnicismos» que, a su parecer, echaron por tierra la de la formación morada.