El Gobierno vasco pide a Francia y España suavizar la política penitenciaria

El Ejecutivo de PNV y PSE propone acercar a los presos de ETA y promover planes de reinserción

VitoriaActualizado:

La disolución de ETA se intuye cercana, lo cual reabre el debate en torno al futuro de los presos. Cualquier concesión a los terroristas sería considerado por las asociaciones de víctimas como una victoria de la banda sobre el Estado de Derecho, si bien el Gobierno vasco aboga por favorecer su desmovilización mediante la flexibilización de la política penitenciaria. Con este fin, la coalición de PNV y PSE promoverá acuerdos con los Ejecutivos español y francés que, entre otras medidas, acerquen a los reclusos a las cárceles vascas y promuevan su reinserción social.

La disolución «unilateral, efectiva y definitiva» de ETA es el pilar que sostiene el Plan de Convivencia del Gobierno vasco, que ayer instó a la administración estatal a realizar una «reflexión crítica» sobre el daño que han causado «las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia». En estos términos se expresó el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, que no solo apostó por el acercamiento de los presos y el impulso de políticas de reinserción para contribuir a la desmovilización de la banda, sino que también defendió la legalidad de la llamada ley de víctimas policiales, la cual reconoce por igual a todas las víctimas de la violencia «de motivación política».

Dicha norma, aprobada en 2016 con el único apoyo de PNV y PSE, fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que en la actualidad mantiene la suspensión de varios de sus artículos. A pesar de todo, el Ejecutivo vasco tiene intención de ejecutar la ley hasta donde le permitan los jueces.

Por otro lado, el dirigente nacionalista se mostró satisfecho con el «desbloqueo paulatino de los principales nudos» que, a su parecer, «atenazaban» la convivencia del País Vasco. Entre otros logros, Erkoreka hizo mención a la «participación activa» del gabinete de Íñigo Urkullu y de la Secretaría General de Derechos Humanos en el proceso de verificación y desarme de los terroristas.

«Indignidad»

El plan de convivencia del Gobierno vasco genera desconfianza en el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que este martes lamentó que la coalición tenga intención de implantar un programa de reinserción para los presos: «A los terroristas orgullosos de su pasado no se les aplican planes de reinserción, sino políticas de desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia en el País Vasco», denunció la institución en un comunicado. A su vez, hizo alusión a la «indignidad manifiesta» del Ejecutivo autonómico por reconocer su participación activa en el desarme de la banda. En este sentido, ironizó con el hecho de que los terroristas podrían «prescindir de sus mediadores profesionales», pues el gabinete de Íñigo Urkullu «ha asumido sus tareas».