País Vasco

«Se alquila piso sin derecho a vivir en él»: la última estafa para cobrar la ayuda autonómica vasca

El empadronamiento es un requisito imprescindible para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

«Se alquila piso sin derecho a vivir en él»: la última estafa para cobrar la ayuda autonómica vasca

Nuevos casos de fraude han vuelto a poner en entredicho el control del Gobierno vasco sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el sistema autonómico de ayudas destinado a las familias sin recursos. Uno de los requisitos imprescindibles para acceder a él es estar empadronado en el territorio, precepto que algunas personas esquivan con una sencilla artimaña: alquilar pisos «sin derecho a vivir». Un fraude que lucra a los dueños de las viviendas y permite a los «inquilinos» inscribirse en el registro vasco para cobrar la prestación.

A tenor de los anuncios que circulan por algunos portales de internet, el coste de estos alquileres oscila entre los 150 y los 350 euros. No es difícil hallarlos en la Red, donde los arrendadores ofertan pisos en cada una de las tres provincias de la Comunidad Autónoma. De hecho, ni siquiera tratan de maquillar la estafa: «Se hace padrón para la RGI y COMPLEMENTARIA sin derecho a vivir en la vivienda», resalta uno de ellos. Hay quienes, por el contrario, publican un mensaje en el que dan a conocer su predisposición a dar dinero «solo por el padrón».

La estafa fue sido denunciada por el secretario general del PP en Guipúzcoa, David Hernández, que subrayó que existe un verdadero «mercadeo» ilícito para cobrar la RGI.

A través de un comunicado, el mandatario popular destacó que dichas estafas «se están volviendo un negocio lucrativo para algunos propietarios», que ganan dinero de forma ilegal «mientras el Gobierno vasco no actúa para evitarlo».

En este sentido, el PP estima que este tipo de fraude solo puede deberse a que se empadrona gente que no vive en Euskadi «en espera de convertirse en vecino cuando tenga derecho a cobrar» o bien a que «familias acaparan varias RGI saltándose los límites» fijados sobre la unidad de convivencia.

A pesar de todo, el Ejecutivo autonómico hizo hincapié en que el fraude en la RGI se limita al 0,3% de los casos. En un estudio presentado el pasado marzo, el departamento de Empleo y Políticas Sociales identificó 392 estafas en 2016 para cobrar la prestación, que oscila entre los 625 y los 960 euros mensuales.

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