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Treinta familias, en la calle por una negligencia de 80 centímetros

El Ayuntamiento de Móstoles mantiene el edificio cerrado por un exceso que no detectó en la construcción

Algunas de las familias afectadas posan para la foto, frente a su bloque de viviendas ISABEL PERMUY
Tatiana G. Rivas

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Una treintena de familias esperan desde marzo de 2017 a que la constructora Avintia les entregue sus pisos en Móstoles , tal y como firmaron en el contrato de compraventa en 2014. Pero sobre estas viviendas, levantadas a escasos metros de la Universidad Rey Juan Carlos de la localidad, en la avenida de Abogados de Atocha, 36, pesa el lastre de la mala práctica. La entrega se retrasó inicialmente por problemas para hacer llegar el suministro eléctrico con Iberdrola. Por esta razón, la promotora les emplazó a darles las llaves cuando vencía el acuerdo, en marzo pasado. Empezaba a correr el contador la indemnización por demora.

Tras este primer obstáculo surgieron más adversidades. Esta vez con el agua. Tuvieron que desviar la conducción del Canal de Isabel II porque pasaba por dentro de la parcela. Los futuros inquilinos volvían a recibir la llamada de que sus puertas permanecerían cerradas hasta que lograran dotarles de este suministro. Confiaban los compradores en que los problemas acabaran con aquel nuevo episodio, pero la situación empeoró en octubre de este mismo año.

El Gobierno local (formado por el tripartito de PSOE, Ganemos e IUCM-LV) procedió a revisar el proyecto para conceder la cédula de habitabilidad, pero cuando Avintia quitó el vallado de obra atestiguó que se había excedido en la edificación 80 centímetros por encima de una acera que no pertenece a la promoción sino a suelo público. Una ilegalidad. El técnico municipal había seguido de cerca el proceso de construcción, pero no había reparado en este pequeño gran detalle hasta última hora. El resultado, el Consistorio no concede el documento a la promoción inmobiliaria, ubicada en el Plan Parcial 7 (PP7) de Móstoles, hasta que Avintia no presentara una modificación del Plan Parcial a través de la Junta de Compensación de la zona.

Las consecuencias para los afectados, un retraso extra de hasta un año para entrar en sus pisos, desesperación, frustración, abatimiento,... Algunos, que durante todo este proceso han incrementado la familia, no pueden permanecer más tiempo sin una casa más grande; otros, que además de haber abonado el 20 por ciento de lo que cuesta su vivienda (hasta 40.000 euros) han tenido que mantener el gasto de un alquiler, no pueden soportar más la carga económica. « La culpa es de la empresa, que ha invadido el dominio público . Ya se ha iniciado el expediente sancionador correspondiente. Nosotros nos hemos comprometido con los vecinos a solucionarlo lo antes posible, pero la tramitación se puede dilatar entre los ocho y los doce meses», informa a ABC el concejal de Urbanismo, Roberto Sánchez Muñoz , que heredó la concejalía en octubre.

Avintia ha tirado el muro que cercaba el edificio, que se excedía del perímetro de la parcela 80 centímetros, invadiendo el suelo municipal. La constructora lo ha levantado ajustándose al límite. No obstante, tras cometerse esta ilegalidad, el Consistorio tiene que aprobar la modificación del Plan Parcial que ha obligado a presentar a la Junta de Compensación de la zona, formada por más empresas. ISABEL PERMUY

Empieza la fuga

Avintia ya ha presentado, asegura, la modificación del Plan Parcial contando con la aprobación de toda la Junta de Compensación de la zona para realizar el retranqueo (distancia mínima entre la línea de referencia y un edificio o parte de éste, según la ordenanza). Aun así estaban obligados a tirar el muro que cerraba la finca y ajustarlo al límite perimetrado. Además, aún están pendientes de la aprobación de la acometida de luz por parte de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid para obtener la calificación provisional. Según Avintia se conseguirá en breve.

Tres de los compradores han decidido abandonar el proyecto, pero la constructora no les devuelve el dinero, ni siquiera lo que le corresponde abonar en concepto de indeminzación por incumplir el contrato, un 50% de lo adelantado. «Nos dicen que si queremos la penalización, denunciemos , pero que si aceptamos 5.000 euros nos dan el dinero en dos días –les corresponden 10.000–», cuentan los damnificados. «Se jactan», dicen los compradores, de amenazar con que van a vender más caras las viviendas si nos vamos. Los precios por los que adquirieron el inmueble en el momento son difíciles de conseguir ahora dado el repunte del valor inmobiliario. El importe por una casa de dos habitaciones con garaje y trastero ascendía a 98.000 euros, llegando hasta los 203.000 euros el ático de tres habitaciones.

Desde Grupo Avintia informaron que su objetivo es entregar las viviendas «cuanto antes» y recalcaron que también se ven perjudicados por «circunstancias ajenas al Grupo». Invitan a los vecinos a acudir a los tribunales para recuperar la indemnización; ellos alegaran que el retraso se debe «a fuerza mayor». «Estamos abiertos al diálogo con los propietarios y son libres de rescindir el contrato», aseguran, negando que les haya dicho a los inquilinos que venderían más caras las casas. «El problema deviene que hay una realidad en los planos que no se ajustaba a la realidad jurídica que tiene el Ayuntamiento», apuntaron desde Avintia. Nadie ofrece a los damnificados la fecha definitiva para entrar en sus casas.

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