Saltan las alarmas ante la dramática situación de los juzgados madrileños

La reunión que pide el TSJM versará sobre la situación de las infraestructuras judiciales. También los jueces decanos de la Comunidad emitieron un comunicado, tras el incendio ocurrido el 11 de enero en los juzgados de Violencia Sobre la Mujer y Primera Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz, al parecer causado por un cortocircuito. La instalación tuvo que ser cerrada porque varios trabajadores sufrieron dolencias que podían derivarse de las condiciones medioambientales ocasionadas por el fuego.

A raíz de este cierre, los jueces decanos de 21 localidades de la región -Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz y Valdemoro- instaron al Gobierno regional a que subsanara las deficiencias de las dependencias judiciales, para que fueran «dignas» para trabajar. Precisamente fue esta movilización de los decanos lo que llevó a Vieira a solicitar el encuentro con el Gobierno regional.

La jefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, reconoció que la situación de las sedes judiciales en la Comunidad es «muy mala». No obstante, insistió en que su gobierno es el que ha realizado «más inversiones» en este campo. Aseguró que desde su Gobierno se mantiene una «interlocución permanente» con el mundo de la Justicia y estuvo de acuerdo en la necesidad de «reforzar la labor de la Justicia tanto medios materiales como el personal».

La acumulación de protestas y llamadas de atención han llevado al grupo parlamentario socialista a «solicitar explicaciones en la Asamblea al consejero Ángel Garrido». Recuerdan que llevan denunciando la mala situación de estas instalaciones desde el inicio de la Legislatura, en mayo de 2015, y que ahora «se ha convertido en insostenible».

Ya el jueves, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, registró una proposición no de ley (PNL) pidiendo un Pacto por la Justicia, y alegando también «la alarmante situación de los juzgados» madrileños. Propone una mesa de trabajo con participación de agentes jurídicos, Gobierno y oposición, para «coger el toro por los cuernos y ponerse a trabajar ya porque el deterioro de la justicia es alarmante».

Ambos partidos coinciden en criticar lo que consideran «inactividad» del gobierno regional durante estos 20 meses de mandato. Lo mismo que le achacan los cuatro principales sindicatos del sector: CSIF define la situación como «crítica» y cree que «cuanto más se tarde, más costará revertir la situación».

En un escrito a la presidenta Cifuentes, los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT le solicitan el cese del consejero de Justicia y denuncian la «evidente falta de inversión en infraestructuras», que «no llega ni siquiera al mantenimiento de las existentes».

Entre sus denuncias, las de «inmuebles sin espacio, sucios y que en la mayor parte (...) incumplen la normativa de seguridad y salubridad», e insuficiencias en «el desarrollo e implantación de nuevas y más rápidas aplicaciones informáticas y telemáticas, en la modernización de equipos informáticos y técnicos, en la dotación de medios materiales, etcétera».

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Ángel Garrido , ha adelantado este sábado que el plan para ejecutar la reforma de las instalaciones judiciales «llevará años». Tras reconocer que se requiere «una intervención importante» , la gravedad situación la conocían, ha dicho, «desde el primer día». No obstante, se han tenido que «dosificar esfuerzos»« que en un principio se han centrado en «reparar los daños que se habían causado en materia de justicia gratuita».

Posteriormente, el año pasado se dedicaron a intervenir «sobre todo en personal», convocando 700 plazas para interinos . Este ejercicio se va a dedicar a infraestructuras judiciales, para lo cual han pedido ya «un incremento de la dotación presupuestaria que me consta que la Consejería de Hacienda ya ha aceptado».

Esta semana, ha adelantado, mantendrá reuniones con los sindicatos, con la comisión mixta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y con los fiscales. De ellas quiere sobre todo «que nos prioricen», porque «hay muchas quejas de muchos sitios, hay que dibujar un mapa y empezar un plan que llevará años para reformar todas nuestras instalaciones judiciales».