De la memoria a la bebida «black» de Espinar: Coca Colas, purgas y escándalos inmobiliarios

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De la memoria a la bebida «black» de Espinar: Coca Colas, purgas y escándalos inmobiliarios

En los últimos meses, la polémica ha perseguido al secretario general de Podemos en Madrid

Ramón Espinar sostiene un globo anti Coca Cola; a la derecha, ayer en la fila del comedor del Senado TWITTER

S. L.

05/04/2017
Actualizado a las 09:27h.

El portavoz de Podemos en el Senado, diputado en la Asamblea madrileña y secretario general del partido en Madrid, Ramón Espinar, fue visto ayer bebiendo Coca Cola durante la hora del almuerzo en el Senado. Hasta ahí todo normal, salvo por un pequeño detalle. Poco antes la Mesa de la Cámara Alta había rechazado la petición de Podemos de retirar de la institución todos los productos que comercializa dicha empresa.

La petición, firmada por dos senadores del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Iñaki Bernal y Vanessa Angustia, compañeros del propio Espinar , instaba a la retirada de los productos de Coca Cola en el Senado, a la privación de su publicidad y al veto en eventos de autorización institucional.

Pese a que el motivo alegado por los senadores era el incumplimiento por parte de Coca Cola de la sentencia del Tribunal Supremo, que le insta a reabrir el centro de Fuenlabrada (Madrid) y a reincorporar a sus trabajadores, Espinar no tuvo reparo en dejarse fotografiar con dos botellas de Coca Cola Zero en la fila del comedor. Una imagen que ahonda, más si cabe, en el largo historial de polémicas que persiguen al líder de la formación morada en la Comunidad de Madrid.

Un lance que se une a otras actuaciones bañadas por la contradicción . Hace menos de tres meses, Espinar citó en Twitter «algunas tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid», bajo el hastag #NosRobanATodas. El dirigente de Podemos acompañó al mensaje con una imagen que incluía siete tramas Gürtel, Púnica, Termyca, Guateque,...), pero se olvidó de uno que, a tenor del escándalo, seguro que no le es desconocida: las tarjetas «black» de Caja Madrid.

Se da la circunstancia, además, de que su padre es Ramón Espinar Gallego, un militante socialista y afiliado a UGT, acusado de apropiación indebida junto a otros 64 exdirectivos de la Caja Madrid por gastar, mediante una de las llamadas «tarjetas black», 178.400 euros entre 2003 y 2010 en hoteles, viajes, restaurantes, ropa, zapatos, supermercados, droguerías, farmacias y grandes almacenes. La Fiscalía Anticorrupción pide para él cuatro años de prisión y 81.000 euros de multa.

Vivienda protegida

Por si fuera poco, Espinar hijo se ha visto envuelto en otros escándalos como no actualizar su declaración de bienes, año y medio después, de entrar en el Senado o la operación de compra-venta de una vivienda protegida efectuada por el mismo, en la que nunca llegó a habitar.

En este último caso, adquirió la casa en el año 2010 por 146.224 euros y sin sorteo público. El inmueble adquirido se trataba de una Vivienda de Protección Pública (VPP) construido en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Alcobendas y, por tanto, con precio inferior al que marcaba por entonces el mercado. Paradójicamente, Espinar no tuvo que inscribirse en ningún registro municipal y ni siquiera estar empadronado en Alcobendas para acceder a ella.

Para la compra de la casa, el dirigente de la formación morada desembolsó 52.000 euros en concepto de entrada y de IVA. El resto del valor de la propiedad, 92.000 euros, lo asumió subrogándose a la hipoteca. Apenas semanas después de haberla comprado, el portavoz de Podemos en el Senado solicitó a la Comunidad de Madrid una autorización (preceptiva en el caso de la VPP) para vender la casa a un tercero, en una operación que ascendió a 176.000 euros.

Purga en Madrid

Días después de derrotar a Rita Maestre en las primarias de Podemos a la Comunidad de Madrid, Espinar inició una purga que en algunos casos, como el del portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, había negado públicamente .

Espinar sólo concedió un puesto a los errejonistas en su dirección, el de la Secretaría de Participación Ciudadana que recayó en Leticia Sánchez y no otorgó funciones al resto de los seis consejeros adscritos a esta corriente, en minoría frente a los 27 cargos procedentes de Juntos Podemos, la lista que unió a pablistas y anticapitalistas.