Las mafias del cartón hacen su agosto con los nuevos contenedores de Carmena
La falta de protección favorece este tipo de robos, que suponen una merma millonaria para las arcas públicas
La escena se repite a diario. Dos individuos saquean a plena luz del día un contenedor de papel y cartón, sin ni siquiera reparar en el resto de los viandantes. Los roles están claramente establecidos. Uno accede al interior y entrega los residuos al otro, que espera fuera para rematar el acopio con una gran bolsa destinada al transporte de escombros. En cuestión de minutos finiquitan el trasvase y, ayudándose de una base con ruedas, trasladan la mercancía usurpada hasta una camioneta destartalada. Allí, un tercer compinche coloca el botín como si de una partida al célebre juego del Tetris se tratara: las cajas, aplastadas y apiladas; las piezas pequeñas al fondo; y los materiales más gruesos, generalmente en los flancos. La ecuación es sencilla ; cuanto más cargado el vehículo, mayores serán las ganancias.
En 2016, la ciudad de Madrid tocó fondo en relación a la recogida de papel y cartón , pasando de las 92.200 toneladas en 2009 a las apenas 26.000 del año pasado. Un dato demoledor que pone de relieve el auge y la profesionalización de las mafias dedicadas a este menester. Por ello, resulta cuando menos cuestionable la renovación este verano de los contenedores de reciclaje domésticos y comerciales mediante carga lateral, incluidos en la Estrategia de Residuos del Ayuntamiento, como parte del último contrato de recogida de residuos, puesto en marcha el pasado mes de noviembre. Dentro de dicha estrategia, los distritos de Moncloa-Aravaca, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Latina y Centro fueron los elegidos para la sustitución de todos los depósitos de papel y cartón y vidrio, aumentando el número de 901 a 1.067.
Una actuación a priori favorable que contrasta, sin embargo, con la configuración de los nuevos contenedores. En la parte trasera, contienen una pequeña palanca que los cartoneros tardan apenas segundos en accionar. Una vez sorteado el cierre, levantan la tapa de plástico y roban el contenido con suma facilidad. «Es incomprensible, en lugar de ponérselo más difícil, se lo están dejando en bandeja», explica un vecino de la calle de San Bernardo, cansado de que el reciclaje demandado por parte de las autoridades no sirva prácticamente para nada. «Nos piden que las botellas se tiren donde las botellas, el cartón donde el cartón... y todo para que se lo lleven los mismos de siempre», remarca.
Pérdidas millonarias
Pese a que desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige la concejal Inés Sabanés, apuntan a este periódico el incremento de toneladas recogidas entre enero y mayo de 2017 (16.682 toneladas), respecto al mismo periodo del año anterior (12.780) -con la previsión de alcanzar las 40.000 toneladas de continuar la tendencia hasta final de año-, lo cierto es que los datos facilitados solo se corresponden con los meses anteriores a la implantación de los contenedores. Desde Medio Ambiente aseguran no disponer por ahora de las cifras posteriores al mes de mayo , fecha en que dio comienzo este plan municipal.
Para entender la gravedad de los pillajes, basta con traducir las toneladas recolectadas por los operarios de limpieza en ingresos para las arcas públicas. El Consistorio percibe del contrato de enajenación 139 euros por tonelada de cartón limpio y 117 euros del papel-cartón mezclado. Tarifas que reportaron 2,2 millones de euros en los cinco primeros meses del año. A ello, hay que sumar la cantidad percibida de Ecoembes por el sobrecoste de la recogida selectiva, que ascendió en ese tiempo a 780.000 euros. Con tales sumas de dinero, no resulta baladí la impunidad de la que gozan las mafias del cartón.
A este problema, se suma la laxitud a la hora de controlar y sancionar los robos. Según figura en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, «manipular, rebuscar o extraer residuos depositados en recipientes instalados en la vía pública» está catalogado como infracción leve, penada con un máximo de 750 euros . En ese sentido, fuentes policiales consultadas por ABC señalan que al no ser una conducta tipificada en el Código Penal, el grado de reincidencia es prácticamente del cien por cien. Inciden, además, en los acuerdos ilegales que los cartoneros mantienen con empresas o almacenes, en los que el precio de venta es más bajo que el oficial. «Por tanto, ganan las dos partes. Unos lo compran más barato y los otros evitan el riesgo de ser denunciados», sentencian las mismas fuentes.
Precisamente, la acción de la Policía Municipal, con más de 130 toneladas requisadas en 2017, y la recogida del cartón comercial «puerta a puerta» son los principales bastiones del Ayuntamiento para mantener una tendencia al alza que los nuevos contenedores parecen ahora frenar en seco.
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