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La Justicia contará con un 30% más de presupuesto para mejorar sus instalaciones

La Comunidad anuncia un Plan de Choque y sugiere aumentar la financiación estatal en las comunidades con esta competencia

Ángel Garrido, portavoz del Gobierno regional
Sara Medialdea

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Los presupuestos de este año contarán con un 30 por ciento más de fondos destinados a la Justicia, concretamente para la mejora de sus instalaciones e infraestructuras. Así lo ha adelantado el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, al finalizar el Consejo de Gobierno. Tras una semana en que han coincidido las críticas sobre el estado de los juzgados desde el TSJM, los decanos, los sindicatos y los partidos políticos en la oposición, el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha recordado que las carencias en este sector vienen de tiempo atrás y precisarán de un periodo prolongado para solucionarse.

La prioridad del actual Gobierno, ha señalado Garrido, en el campo de la justicia fue abordar el tema de la justicia gratuita, en lo que invirtieron 10 millones de euros . A continuación, se centraron en el personal, donde detectaron que había un gran número de vacantes en la plantilla y trataron de paliarlo con la contratación de 800 interinos y una inversión de 18 millones de euros.

Ahora, asegura que abordarán en un Plan de choque el problema de las infraestructuras, aunque ha recordado que «llevamos una década de desinversión, que ha llegado al -30 por ciento en los últimos años». De momento, el presupuesto se incrementará un 30 por ciento este año, y habrá medidas especiales también en relación con el mobiliario.

Esta semana, Garrido mantiene reuniones con los sindicatos -el miércoles-, el TSJM -el jueves- y la Fiscalía -el viernes-. Entiende que es necesaria la colaboración de todos para priorizar, dado que «los presupuestos son reducidos».

Por otro lado, apuntó una próxima reunión con el Ministerio de Justicia y la comunidades autónomas en el que podría abordarse la necesidad de que el Estado incremente la financiación para esta materia a las autonomías que tienen transferida esta competencia, como es el caso de Madrid.

Respecto a la Ciudad de la Justicia , cree que «sería clave» pero «ahí poco podemso hacer hasta que el contencioso que mantiene la Comunidad por este asunto se resuelva». Si lo hace dando la razón al Gobierno regional, «acometeríamos un nuevo proyecto de concentración de sedes», ha apuntado Garrido.

Dentro del Consejo de Gobierno se ha determinado también solicitar a la Mesa de la Asamblea que se pueda tramitar por urgencia la exención del pago de IBI a los inquilinos de las viviendas de la Agencia Social. 23.000 propietarios de estas viviendas no tend´ian que asumir la repercusión del impuesto si esta norma se aprobara.

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