Un juez obliga a readmitir a una mujer despedida por ir a su juicio por violencia de género

El TSJM sostiene en su sentencia que la decisión de la empresa fue discriminatoria por razón de sexo

MadridActualizado:

Un juzgado ha obligado a un empresario a readmitir a una víctima de violencia machista a la que despidió días después de que esta le comunicara que tenía que ausentarse del trabajo para viajar a Palma de Mallorca para asistir, como perjudicada, a un juicio en un juzgado de violencia de género. Según la sentencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez de lo Social número 33 de Madrid ha dado la razón a la mujer y ha declarado nulo su despido por ser discriminatorio por razón de sexo.

El juez condena al empresario a readmitir a la denunciante en el puesto de trabajo, a abonarle los salarios devengados hasta que la reincorporación tenga lugar y a indemnizarla tanto por los daños materiales como morales en una cantidad próxima a los 23.000 euros. Como señala la sentencia, la empresa que contrató a la mujer decidió despedirla solo unos días después de que esta le comunicara que debía ausentarse para asistir como perjudicada a un juicio en un juzgado de Violencia sobre la Mujer por un delito leve de injurias de género. Tras ganar ese juicio, recibió la carta de despido en la que la empresa alegaba para poner fin a la relación contractual una «disminución en el rendimiento».

La resolución del juez, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del TSJM, entiende que se trata de una decisión empresarial que vulnera el derecho fundamental de la demandante «a no ser discriminada por razón de sexo». «Aunque es obvio que en este caso el agresor no es el empresario ni los episodios de violencia tienen relación alguna con el trabajo, sí es responsable de haber despedido a la demandante por su condición de víctima, en lo que constituye un acto discriminatorio ya que no sólo nada justifica tal conducta».

Y añade que «al igual que ocurre con el embarazo, sólo la mujer puede ser víctima de este tipo específico de violencia, de modo que la discriminación se produce precisamente porque se trata desfavorablemente a quien presenta una seña identitaria propia indisolublemente unida a su condición de mujer».

«Basado en prejuicios»

Para analizar el caso, el juez no solo ha tenido en cuenta si se han vulnerado las medidas legislativas encaminadas a defender los derechos laborales de colectivos que necesitan especial atención, como serían las víctimas de violencia machista, sino que ha analizado también si la decisión del empresario de despedirla constituye una conducta directamente discriminatoria por razón de sexo. Así, sostiene que en este caso hay «indicios sólidos de los que se infiere la sospecha» de que la decisión empresarial de despido «ha podido constituir una reacción» a la situación personal de la mujer, «basada en prejuicios» de que «podría afectar a su futuro rendimiento en el trabajo» y «ocasionaría ausencias».

Incluso, el juez cree que el empresario pudo despedirla para evitar también que la mujer reclamase «alguna de las diversas medidas que en orden a aliviar a la mujer víctima de violencia se diseñaron por el legislador, tales como la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo», entre otras. Asimismo, la sentencia observa una «ausencia» de argumentos razonables para adoptar el despido, que se comunicó a la afectada con una «carta vacía» en la que no figuraba hecho alguno, «sino la mera transcripción del incumplimiento contractual imputado».

Y sí cree que el despido fue una reacción inmediata «a la actualización de la problemática de violencia sufrida por la demandante», por lo que concluye que la decisión del empresario «constituye discriminación por razón de sexo y, por ello, un atentado a los derechos fundamentales, derechos éstos de obligado cumplimiento entre particulares y cuya protección se encomienda a los jueces con sus decisiones».