El edil de Seguridad de Carmena «congela» la investigación interna sobre su escrache

La investigación interna anunciada por el Área de Seguridad a raíz del escrache de doscientos policías municipales contra el concejal del ramo, Javier Barbero, está paralizada. Según ha podido saber ABC , ningún manifestante ha recibido notificación alguna de expediente, quince días después de la protesta . Las distintas fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de que en el seno del Consistorio, donde hay ya distintas facciones enfrentadas, no cayeran bien la airada actitud del edil tras el incidente: llegó a tachar de «fascista» la actitud de los agentes, cuando él llevaba años haciendo escraches a políticos del PP y «okupando» edificios.

Este diario ha podido comprobar cómo entre el 16 de febrero (día de los sucesos) y ayer la Junta de Personal de la Policía Municipal no ha tenido constancia de que se haya abierto ningún expediente disciplinario. Es más, el gabinete jurídico del Ayuntamiento no ha recibido tampoco orden de activarse en este asunto , habida cuenta de que el propio Barbero anunció que se investigaría también si los manifestantes habían incurrido en un delito de odio contra él.

Sí se han visionado grabaciones del escrache e incluso se remitió algún informe de las unidades que estaban prestando servicio esa mañana en el entorno de la plaza de la Villa. Pero, tras el revuelo ocasionado por las palabras del concejal aquella misma tarde, el asunto ha caído en el ostracismo. La propia alcaldesa, Manuela Carmena, no ha dado públicamente su apoyo al responsable de Seguridad tras lo sucedido. Se ha limitado a decir que «cada uno es responsable de sus actuaciones», sin dejar claro si se refería a los agentes o a su propio edil.

«La supuesta defensa de Carmena fue muy por encima, mínima», coinciden distintas fuentes. Los expedientes disciplinarios y las faltas graves o muy graves tienen que ser notificadas a los perjudicados, a través de la unidad a la que estén adscritos, y también a la Junta de Personal. Ese es el procedimiento.

Otra opción es que el caso pase directamente a Régimen Disciplinario , pero sus funcionarios son civiles, no uniformados, y ello implicaría que no puden tomar declaración a los encausados. El sindicato convocante de la manifestación, CPPM, advierte: «Si hay algún expedientado, esto va a ser una tea» .