Madrid

Cuarenta años de la Cañada Real: de camino de ovejas a nido de yonquis

El acuerdo aprobado el pasado martes por instituciones y partidos supondrá el desmantelamiento del sector más conflictivo y la reconstrucción del resto del enclave

Alrededor de 2.500 menores viven hoy en día en la Cañada Real
Alrededor de 2.500 menores viven hoy en día en la Cañada Real - JAIME GARCÍA

En la mañana del pasado martes, todos los partidos políticos y los gobiernos implicados -municipales, regional y central- en la gestión de la Cañada Real, firmaron un pacto para dar solución a un enclave, donde la infravivienda, la insalubridad, la indefinición jurídica o la inseguridad afectan a más de 7.300 personas.

Un plan que llega tras nueve meses de negociación y que prevé el asfaltado de los viales, para que lleguen los camiones de la basura, las rutas escolares y el correo. Se mejorará, además, la red de luz y agua; y se concretará con Madrid el desmantelamiento definitivo del sector 6 —el más conflictivo—, una solución para el 1 (Coslada) y fijar la hoja de ruta para tratar los sectores 2 al 5. Un abanico de mejoras que contrasta con la irregular trayectoria que el tramo, de 14,2 kilómetros de extensión, ha experimentado durante el último medio siglo.

ABC

En la década de los 70, una modificación de la ley que regula el uso de las Cañadas Reales —vías pecuarias reservadas al tránsito de ganado, propiedad del Estado y en las que está prohibido construir—, permitió el desarrollo de huertas a ambos lados del camino y la construcción de pequeñas inmuebles orientados, principalmente, al almacenamiento de maquinaria agrícola y al descanso de los pastores.

Sin embargo, en los últimos 15 años, este hecho desbordó las previsiones de edificación a su paso por Madrid, llegándose a alcanzar una población cercana a los 9.000 habitantes, de los cuales, 2.500 son menores. Un crecimiento demográfico que se expande a lo largo del actual poblado de la Cañada Real, cuyo núcleo de construcciones ilegales y chabolas abarca desde la Avenida de la Cañada de Coslada —la única parte actualmente legalizada e integrada en el casco urbano— hasta el límite municipal entre Getafe y Madrid.

JAIME GARCÍA

Según un informe elaborado por arquitectos y técnicos de la Comunidad el año pasado, un 75 % de las viviendas de la Cañada Real están aquejadas de «afecciones urbanísticas», lo que podría llevar a derribarlas y realojar a los vecinos afectados en otras zonas de la región o del propio asentamiento. Entre las más graves, destacan la proximidad de arroyos, lo que podría provocar crecidas e inundaciones, y de cables de alta tensión, así como otras de tipo acústico.

El mayor supermercado de droga

Dividida en seis sectores, es en el sexto y último donde se acumulan los problemas más dramáticos. Entre la A-3 y Getafe, el poblado de Valdemingómez emerge como el mayor supermercado de la droga en Europa. Alrededor de veinte familias (los Gordos, los Bruno, los Fernández, Los Emilios, Los Fene o los Melli, entre otras) controlan un mortífero negocio que, en el último lustro, ha ido renovando sus búnkeres de almacenaje.

Las casas y chalés, tapiadas en su gran mayoría, han ido dejando paso a las casetas y las autocaravanas, mucho más baratas de reponer ante el riesgo de demantelamiento por parte de la Policía. Conocidas como «yankies», esta hilera de «puntos de venta ambulantes» ha dotado al paisaje de una escena, si cabe, todavía más siniestra.

ÁNGEL DE ANTONIO

Cada día un millar de personas acuden a comprar su dosis de heroína y cocaína, con un coste que va desde los 5 o 6 euros una micra y los 50 o 60 euros el gramo. Hasta allí, decenas de «cundas» transportan a los consumidores desde diferentes puntos de la región.

Los conductores, en su gran mayoría también drogodependientes, suelen trabajar para o bien por cuenta propia (poseen vehículo propio y cobran 5 euros a cada pasajero) o bien para una familia determinada (el coche es prestado y reciben una micra por llevar a los «clientes» hasta sus dominios). Unas cifras que contrastan con los ingentes beneficios que obtienen los clanes: alrededor de un millón de euros al mes.

JOSE MARÍA BARROSO
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