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Carmena quiere que Rajoy pague una factura a Madrid por sus gastos como capital

La iniciativa municipal enmendaría la decisión de Gallardón de no incluir dinero en la ley que firmó con Zapatero

Manuela Carmena saluda a Mariano Rajoy, en una imagen de archivo EFE
Mayte Alcaraz

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En 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), acordaron una norma que, en apariencia, recogía las históricas demandas políticas de Madrid como capital de España. La llamaron Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. En ella se hablaba de protocolo, régimen jurídico, reconocimientos, coordinación, comisiones de trabajo, competencias, pero ni una palabra de dinero . La crisis económica ya había asomado por primera vez sus garras y Zapatero y Ruiz-Gallardón prefirieron no mentar la bicha.

Hoy, once años después, la actual regidora, Manuela Carmena , quiere desempolvar aquella norma que fue aprobada primero en Consejo de Ministros y luego por las Cortes, y colocarle algunas cifras. Según ha sabido ABC, el Ayuntamiento de Ahora Madrid y el PSOE, que le apoya en el Consistorio, tienen intención de echar unas cuentas, que alcanzarían nueve cifras, para que el Gobierno se haga cargo de «los costes de capitalidad que sirvan para compensar a Madrid». El canon que se maneja se acercaría a los 500 millones , tal y como se calculó cuando se aprobó la citada ley pero nunca se plasmó en el texto por falta de voluntad política.

Los intentos de los Gobiernos de la ciudad para que el Estado asumiera la «factura» que le supone a Madrid prestar servicios en su condición de capital vienen de lejos. De la Ley de Capitalidad, un asunto recurrente desde la Transición y las primeras elecciones democráticas, hablaron Enrique Tierno, Juan Barranco, Rodríguez Sahagún y, por supuesto, Álvarez del Manzano , el antecesor de Gallardón. Pero los distintos inquilinos de La Moncloa nunca entendieron la necesidad de esa contraprestación teniendo en cuenta los beneficios económicos que también lleva aparejado ser la primera ciudad de España, fundamentalmente en materia económica y de demanda interior y exterior para el turismo.

Además, el reforzamiento institucional y político de la Comunidad autónoma tampoco ayudó a tomar una decisión que, de alguna forma, restaría lustre competencial a la región de Madrid, ya desde hace años uno de los principales motores económicos de España.

Lucro cesante

Solo el segundo presidente socialista optó por una fórmula intermedia, que atendía a la propia Constitución, que reconoce en su artículo 5 la especificidad de la Villa de Madrid y que fue aceptada por el equipo de Gallardón. Pero, para los actuales gestores de la ciudad, desde el punto de vista de la financiación aquella norma solo fue papel mojado.

Madrid tuvo que dejar para mejor momento la anhelada contraprestación del Estado por los gastos con que corre y el lucro cesante que le supone su condición institucional. Para el anterior Gobierno municipal, ese dinero que deja de ingresar la capital corresponde, entre otras, a las labores que desarrolla la Policía Municipal en materia de escolta y vigilancia, cuando jefes de Estado visitan Madrid u otros acontecimientos internacionales, como congresos o reuniones multilaterales, que obligan a la ciudad a convertirse en anfitriona estatal. Sin olvidar las manifestaciones que recorren sus calles como consecuencia de su naturaleza de escaparate nacional e internacional. También se manejan las exenciones en el IBI de que disfrutan los edificios oficiales y del impuesto de circulación de los vehículos de autoridades, incluidos los diplomáticos.

La norma de 2006 solo contemplaba la coordinación en la organización y celebración de actos oficiales de carácter estatal, así como la protección de personas y bienes como consecuencia del ejercicio por los ciudadanos del derecho de reunión y manifestación cuando el ámbito de la convocatoria presentase dimensión estatal. Pero no incluía ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. Esa norma, que consta de 55 artículos, solo consiguió saltar a los titulares de los periódicos porque por primera vez regulaba las competencias del Pleno municipal, del alcalde y la Junta de Gobierno, determinando las atribuciones de estos órganos, y posibilitando al regidor el nombramiento de un presidente del Pleno, facultad que utilizó Gallardón para distinguir el papel del Ejecutivo del «parlamentario»; pero no así Carmena, que asume directamente esa función como en su momento hicieron el resto de sus antecesores.

Madrid, D. F.

Hoy, más de una década después, los partidos de izquierda del Palacio de Cibeles no están satisfechos con la norma. El PSOE cree que «tiene limitaciones que le han impedido cumplir sus fines», además de no haberse articulado sobre la comisión que preveía entre las tres Administraciones.

Lo cierto es que tanto populistas como socialistas están hablando no solo de blindar las competencias a través de una carta municipal; sino también de constituir una red de consorcios para la prestación de servicios junto a otros municipios de su ámbito, conformando así una suerte de área metropolitana, al estilo de Barcelona y de algunas urbes americanas, como México y Washington D. C . La idea sería situar a Madrid a medio camino entre una Comunidad autónoma y un Ayuntamiento al uso, dotándole de interlocución directa con el Estado y con los Gobiernos regionales.

Esa propuesta socialista se complementaría con el propósito de Ahora Madrid de mejorar la financiación y derogar los límites a sus competencias, que fija la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, precisamente una de las normas por las que ha chocado Carmena con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , a cuenta del incumplimiento del techo de gasto en 233 millones de euros. Finalmente, el Ayuntamiento optó por congelar ese montante ante la amenaza del Gobierno de aplicar penalizaciones si hacía uso de un dinero que superaba el límite legal de desembolso de las Administraciones públicas.

Por el momento, ni PP ni Ciudadanos parecen convencidos de mover la ficha de la capitalidad frente al Estado, pero desde los grupos de izquierda no se va a tirar la toalla.

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