El ex magistrado del Tribunal Supremo, Carlos Granados, en una intervención en el Congreso
El ex magistrado del Tribunal Supremo, Carlos Granados, en una intervención en el Congreso - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Carmena propone al exmagistrado del Supremo Carlos Granados para dirigir la Oficina Antifraude

Su nombramiento se produce mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene suspendidos tres apartados del reglamento; el PSOE aprueba su elección

MADRIDActualizado:

El exmagistrado del Tribunal Supremo Carlos Granados es el candidato que el gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) propondrá para dirigir la Oficina Antifraude y Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. El también ex Fiscal General del Estado durante la etapa de Juan Alberto Belloch (PSOE) como ministro de Interior y Justicia es visto con buenos ojos por el Grupo Municipal Socialista que, previsiblemente, les aportará sus votos favorables.

El Pleno deberá refrendar su nombramiento con una mayoría de tres quintos de la cámara en la primera votación. Si hiciese falta una segunda vuelta, con una mayoría absoluta, es decir, con la suma de los votos de los concejales de Ahora Madrid y PSOE, sería suficiente para aceptar su designación.

La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, anunció ayer la propuesta tras ser aprobada en la Junta de Gobierno. Antes de pasar por el Pleno de Cibeles, tendrá que ser elevada a la comisión extraordinaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto que se celebrará la semana que viene. El PP, por su parte, exige que el magistrado comparezca ante la comisión antes de su nombramiento, «tal y como estipula el reglamento» de este organismo, según reclamó el edil popular, Percival Manglano. A su juicio, «se quiere nombrar a Carlos Granados para dirigir una oficina que no tienen razón de ser».

Reglamento suspendido

En diciembre de 2016, los votos de Ahora Madrid y PSOE, pese a la negativa de PP y Cs bastaron para sacar adelante el reglamento de la Oficina Antifraude. Meses después, en marzo de 2017, la Delegación del Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque consideraban que su estatuto podría infringir hasta diez «artículos de seis leyes y otros cinco de la Constitución».

El auto del TSJM suspendió desde el pasado julio tres apartados del reglamento que hacen referencia a «inspeccionar y comprobar los posibles casos de fraude contrarios a principios de objetividad, integridad e independencia que afecten a la confianza pública y al buen funcionamiento del sector público».