Disturbios en Lavapiés la noche del jueves - MAYA BALANYÀ / Vídeo: La Policía Municipal se querella contra una concejal de Podemos por la pelea de Lavapiés

Carmena «premia» a los okupas que incitaron las revueltas de Lavapiés

Se niega a denunciar la usurpación de La Ingobernable y cede carpas a los radicales en las fiestas de Centro

MADRIDActualizado:

La tibieza con la que ha contestado el Ayuntamiento de Madrid a las revueltas del pasado jueves por la noche y del viernes a mediodía en Lavapiés es proporcional a la cercanía que el equipo de Gobierno mantiene con algunos de los grupos radicales que promovieron las algaradas. Las pesquisas policiales llevadas a cabo desde entonces remarcan que fueron (y siguen haciéndolo) colectivos de ultraizquierda del centro de Madrid los que instigaron esas revueltas violentas, sobre todo utilizando las redes sociales.

ABC ha tenido acceso a la secuencia de la investigación llevada a cabo durante estos días posteriores a tan graves sucesos. La primera situación violenta se produjo durante los primeros auxilios que los policías municipales practicaron a la víctima, Mmame Mbaye, de 35 años. Los africanos del barrio le vieron tirado en el suelo, rodeado de agentes, y pensaron que lo habían herido durante una detención. Nada más lejos de la realidad. Comenzaron los insultos a los policías y los antidisturbios hicieron un escudo humano entre la calle del Oso y Mesón de Paredes. Eran las cinco de la tarde, pero la cosa fue a peor cuando el juez ordenó el levantamiento del cadáver y se despejó la zona. Pasaban de las ocho y media, se había corrido la voz y los grupos antisistema y concejales como Rommy Arce («Los ‘nadie’, víctimas de la xenofobia institucional. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles», escribía ese día), presidenta de Usera y Arganzuela, ya estaban «calentando» las redes sociales.

Los investigadores tienen constatado que uno de los primeros colectivos en echar gasolina al fuego fue La Ingobernable, el edificio municipal usurpado desde hace diez meses junto al paseo del Prado, con la anuencia del Consistorio, que se niega a denunciar la usurpación. Los antiguos okupas del Patio Maravillas (de donde procede al menos media docena de ediles de Carmena, incluido el responsable de Seguridad y Policía Municipal, Javier Barnero) subieron ese 15 de marzo «tuits» como este, que reproducimos me manera literal: «Mmame ha sido asesinado por pobre y por la ley de extranjería. Esto es la punta del iceberg del racismo institucional sistemático».

La Quimera, Potemkin y 3 Peces 3

Los de La Ingobernable no son los únicos okupas beneficiados por el Gobierno de Carmena. En la plaza de Nelson Mandela se ubica La Quimera, otro nido radical a cuyas puertas prendieron fuego la madrugada del viernes a numeroso mobiliario urbano, incluida una estación de Bicimad.

Precisamente, en esa plaza es donde les cede cada año el concejal de Centro unas carpas para las fiestas del verano a diversos colectivos, entre ellos a los okupas de Potemkin y Tres Peces Tres, otros de los grupos radicales vinculados a las revueltas callejeras del barrio. Participan en la llamada Plataforma por las Fiestas Populares de Lavapiés. El edil que les permite ese espacio es Jorge García Castaño, el mismo que, a raíz de la muerte por infarto del mantero senegales, manifestó que era una «víctima del capitalismo» y de «un Estado que no reconoce a las personas sin papeles».

La investigación, además, detalla que aquella madrugada fueron detenidas seis personas, dos de ellas menores. De los cuatro adultos, tres pertenecen a Izquierda Castellana, brazo «político» del movimiento antifascista en general y de la Coordinadora 25-S en particular; el cuarto es anarquista.

Investigar a Rommy Arce

La actitud que mantienen algunos concejales de Gobierno de Carmena sigue sumando denuncias juidiciales. La más polémica, una vez más, es Rommy Arce. Acumula ya tres demandas o querellas, de de los sindicatos policiales APMU (por injurias) y CSIT-UP y CPPM (delito de odio). Pero hay una novedad más. Según ha podido saber ABC, CPPM, que es mayoritario en el sector, envió ayer una carta a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, solicitando que «se investiguen las posibles conductas delictivas que puedan haber cometido cargos públicos carentes de responsabilidad, como la concejal de Usera y Arganzuela, que no pierde ocasión de arremeter su odio contra la Policía española, así como contra el estado de derecho».

Se ha dado traslado a la Jefatura Superior de Policía para que proceda conforme a lo establecido por la Ley.