La Cámara de Cuentas ratifica que no está justificado el precio que Carmena pagó por Bicimad
El órgano de control destaca que no se realizó una auditoría previa y exhaustiva como exigía la operación, por la que se pagaron 10,5 millones
La Cámara de Cuentas lleva desde junio auditando los números de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Es la primera vez que se somete a la lupa del órgano de fiscalización madrileño y ahora ya se sabe por qué: Bicimad . La Cámara, dependiente de la Comunidad de Madrid, investigó la ejecución de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid de 2016, incluyendo el proceso de transferencia de Bicimad, donde detectó la ausencia de informes que acreditaran los 10,5 millones que se pagaron por asumir el servicio.
Este organismo regional destaca en su anteproyecto de informe -formato con el que el Ayuntamiento actual denunció irregularidades en Calle 30 y la EMVS- que la operación, respaldada con un documento provisional de la Intervención, no cuenta con «la información suficiente y necesaria para justificar» el precio de compra. Además, subraya que no se realizó una auditoría previa, tal y como se fija en una de las cláusulas del contrato de transferencia.
El escrito remitido por este ente de control es contundente y avala lo que ABC denunció en exclusiva hace un año: el Gobierno de Manuela Carmena se hizo con Bicimad con prisas , sin contar con informes oficiales que avalaran los 10,5 millones de euros que pagó a Bonopark , empresa dueña de Bicimad y adjudicataria de su gestión en la capital desde 2014. Esta sociedad navarra, además, amagó en 2015 con declararse en quiebra por las pérdidas millonarias que le suponía el servicio de la bicicleta pública madrileña: 300.000 euros mensuales.
Sin pruebas
Lo que siempre se ha explicado desde estas páginas es que el Consistorio incurrió en un sobrecoste y, hasta ahora, no ha sido capaz de demostrar lo contrario , ni siquiera en la comisión de investigación que llegará a su fin a principios de diciembre.
Para Bonopark el negocio era una ruina y según la memoria económica y el plan económico-financiero que entregó esta sociedad en la licitación del concurso en 2013 se indicaba que todo el servicio valía 7,3 millones de euros . Amortizado se rebajaba a 3,5 millones de euros. En el precio se incluían elementos como las bases con anclajes, las cámaras, los tótem, las plataformas, las baterías y las 2.028 bicicletas (cifra que nunca llegó a estar disponible para los usuarios), valoradas cada una de ellas en 700 euros. Si a ese precio se incluían los 3,4 millones de euros que Bonopark pedía en el reequilibrio económico, el precio de la cesión alcanzaba los 6,9 millones de euros y no los 10,5 que se abonaron por la cesión del servicio.
El anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas, al que ha tenido acceso este diario, señala en la página 159 que se aprobó la transferencia de 10,5 millones contando con un informe favorable de la Intervención General, pero apunta a que este departamento sometía el proceso al control posterior mediante un informe financiero .
Este último, detalla, fue aportado «con carácter provisional a fecha de finalización del trabajo de campo de la presente fiscalización, sin que se hayan ofrecido las explicaciones del retraso observado». Y añade: la documentación «no contiene la información suficiente y necesaria para justificar, en opinión de esta Cámara, el importe de valoración inicial justificativo del precio de compra de la unidad de negocio relacionada con la gestión del servicio de Bicimad». También manifiesta el organismo que no se incluye el informe que demuestre que se hizo una auditoría exhaustiva durante el periodo de migración, como obligaba la cláusula 9.2 del contrato de transferencia.
Sólo cinco folios
La Cámara de Cuentas ratifica así la versión que dejó por escrito el interventor de Medio Ambiente y Movilidad sobre la cesión. Dos meses antes de que se produjera la firma de la transferencia, el técnico Ángel Calonge señaló que se trataba de «una municipalización de hecho» y detectó falta de información para justificar el pago. Sabanés hizo caso omiso a sus advertencias y dejó caducar esta nota interna. Después, la delegada se saltó a Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para que revisara la compra. Prefirió que le diera el visto bueno la Universidad Autónoma, un ente externo, eso sí, después de haber firmado el contrato con Bonopark.
El Ayuntamiento dio luz verde al acuerdo millonario solo con cinco folios que inicialmente no contaban ni con membrete, ni con fecha de registro, ni sellos, ni firmas de ningún responsable. Cuando ABC denunció cómo se había entregado un cheque en blanco a Bonopark, desde la EMT maquillaron estos documentos incorporando todos los datos que faltaban. Y así lo reconoció su artífice , el director financiero de la EMT, David Pérez Moncada, en la comisión de investigación de Bicimad. Este alto cargo dijo que lo retocó porque se lo pidió el director gerente, Álvaro Fernández Heredia. Además, este operario reveló que no se realizaron auditorías independientes para fijar los 10,5 millones de euros, sino que la EMT estipuló el precio con un borrador de las cuentas de Bonopark y que se benefició a la sociedad navarra con 3 millones de euros en la cesión.
A expensas del peritaje
Cuando ABC publica las presuntas irregularidades que se cometieron, la EMT encarga a dedo una auditoría a Gabinete Técnico por 3.700 euros , empresa relacionada con el caso Palau. Ésta elabora en diez días un informe diciendo que todo era correcto a petición de Pérez Moncada, quien da órdenes por correo electrónico pidiendo validar el informe económico.
Con este escenario, el Grupo Municipal Popular, liderado por José Luis Martínez-Almeida, llevó la causa a los tribunales por presunta corrupción. Interpuso una querella contra Inés Sabanés y Fernández Heredia por los presuntos delitos de malversación y prevaricación . El primero lo argumentaban, entre otros aspectos, con que el precio real era «inapropiado, inoportuno y excesivo» y producía un «grave daño al patrimonio público»; el segundo, por suscribir un contrato donde se pactó un precio «de manera desproporcionada y arbitraria».
El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid investiga el caso. En septiembre, la magistrada que instruye Bicimad, Belén Sánchez Hernández, amplió el plazo para analizar toda la información a petición de la Fiscalía. El documento que determinará si Sabanés y Heredia son imputados será el peritaje independiente que la juez solicitó al TSJM para conocer si el Ayuntamiento pagó de más para evitar que Bicimad se paralizara.
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