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Una asociación niega que la UE haya aprobado el decreto sobre pisos turísticos de Cifuentes

Adigital señala que lo que ha habido es una «falta de pronunciamiento sobre la conveniencia y adecuación de la normativa»

Cristina Cifuentes y Jaime de los Santos JAIME GARCÍA

S. L.

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) sostiene que la Comisión Europea no ha dado el visto bueno al decreto del Gobierno de Cristina Cifuentes para regular los pisos turísticos , tal y como se ha anunciado en los últimos días. Esta entidad, como representativa del sector digital, considera que la afirmación «no responde a la realidad» y lo único que ha habido por parte de Bruselas es una «falta de pronunciamiento sobre la conveniencia y adecuación de la normativa madrileña a la legislación de Europa».

Adigital recuerda que el pasado mes de noviembre la Comunidad de Madrid, a través del área que dirige Jaime de los Santos , sometió a trámite de consulta ante la Comisión Europea el decreto por el que se regulan estos apartamentos. Durante el plazo establecido para remitir alegaciones en este periodo, la asociación envió un informe justificando los criterios por los que, a su parecer, la normativa era contraria tanto a la Directiva de Comercio Electrónico como a la Directiva de Servicios, así como la solicitud a la Comisión para que se pronunciase.

Así, el pasado 19 de febrero finalizó el plazo para que la Comisión se pronunciara sobre la conveniencia y adecuación del contenido del decreto a la normativa europea, sin que haya habido ningún pronunciamiento al respecto. «Consideramos que con este silencio la Comisión Europea ha perdido una oportunidad única para pronunciarse sobre un asunto clave para la economía digital y colaborativa en España y no entendemos esa falta de pronunciamiento ante la petición de opinión por parte de un Estado miembro», declaran desde Adigital.

«Esperamos que la decisión de la Comisión de no adoptar una posición al respecto y su correspondiente falta de respuesta no se deba a presiones políticas contrarias al interés general , que en ningún caso deberían prevalecer por encima de la aplicación de las leyes y los criterios jurídicos previamente establecidos, que otorgan seguridad jurídica a este sector», añaden en la asociación.

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