Madrid

La Asamblea de Madrid aprueba defender al funcionario que denuncie corrupción

El PP, único partido que vota no tramitar la norma, por considerarla inconstitucional y duplicada con una idéntica que se tramita en el Congreso

Pleno de la Asamblea de Madrid
Pleno de la Asamblea de Madrid - JAIME GARCÍA

Por 78 votos a favor y 46 en contra, ha sido aprobada la toma en consideración de la Ley de Protección Integral de Funcionarios Denunciantes de Corrupción de la Comunidad de Madrid, propuesta por Ciudadanos. El PP se ha quedado solo en su rechazo de esta norma, que pretende crear la figura del Defensor del funcionario que denuncie corrupción, y a la que ha denegado su apoyo por considerar que podría ser inconstitucional, citando un informe de la Dirección General de Función Pública, y porque se duplica con la ley en el mismo sentido que se ha aceptado para su tramitación, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados.

A la votación de la ley en la Asamblea han acudido portavoces de asociaciones relacionadas con los funcionarios denunciantes. En su nombre, Luis Gonzalo Segura, de la Plataforma por la Honestidad, se ha referido a aquellos funcionarios que, como él mismo, «han perdido su trabajo y han sido estigmatizados por haber denunciado la corrupción; en mi caso en el Ejército de Tierra». A su lado, el portavoz de la asociación Hay Derecho, Ignacio Gomá, recordaba la necesidad de establecer normativas para que «las personas buenas que denuncian corrupción no sean héroes».

Medidas reales

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, ha definido la toma en consideración de la ley como un «paso importantísimo» para aplicar medidas reales contra la corrupción. Ha lamentado que el PP «se baje del carro» y ha recordado que aunque son socios de investidura de los populares, la formación naranja «no apoyamos al PP: lo apoyan los madrileños con sus votos, y nosotros pretendemos convencerles de que no lo sigan haciendo».

Desde el grupo proponente, la diputada Dolores González Pastor ha aclarado que la ley propuesta pretende definir quién denuncia y qué derechos tiene, además de concreta a quién debe acudir para denunciar. Recoge entre otros los derechos de confidencialidad, asistencia legal y psicológica, a mantener el puesto de trabajo, y a que no haya represalias por su condición de denunciante, entre otras.

Podemos quiere enmendar la norma porque deja fuera la parte privatizada de la Administración, y también a los ayuntamientos
Esta es la tercera vez que Ciudadanos en la Asamblea de Madrid intenta sacar adelante esta iniciativa, que ahora sí se tramitará al haber sido aprobada por la mayoría del Parlamento regional. A su lado encontró a Podemos y a PSOE, aunque ambos con matices. Miguel Ongil, de Podemos, se ha manfiestado «a favor de legislar la protección de los denunciantes, que están pagando un precio altísimo por ser honestos». Auque considera la ley, según la ha planteado Ciudadanos, como insuficiente: deja fuera «a los empleados de la parte privatizada de la Administración regional, que supone un 25% del presupuesto público; y también a los funcionarios de los ayuntamientos, salvo que estas instituciones quieran voluntariamente adherirse». Enmendarán también la ley, pero han querido votar a favor para «lanzar a los denunciantes un mensaje de apoyo».

«Tramitación lamentable»

En el caso de los socialistas, José Manuel Franco, portavoz adjunto, defendió el «si» de su grupo a esta iniciativa -que en otras ocasiones no le habían dado- por considerar que es necesario proporcionar esta protección a los funcionarios que decidan denunciar malos hábitos en la Administración. Se ha reservado, eso sí, el derecho a enmendar luego la ley, durante su tramitación, para que «desaparezca cualquier viso de inconstitucionalidad» en que pudiera incurrir.

En el PP tienen claro que la ley tiene visos de ser inconstitucional, y además consideran que duplica la que ya se tramita, en el mismo sentido, en el Congreso de los Diputados y con ámbito nacional. Para el portavoz popular, Enrique Ossorio, «esta ha sido una de las tramitaciones más lamentables que hemos tenido». Está convencido de que no tendrá ningún sentido crear un Defensor del funcionario denunciante en Madrid si se va a crear otro a escala nacional. Además, ha afirmado que «no existe ninguna alarma entre funcionarios de la Comunidad par aque se cree este Defensor; no va a tener ningún trabajo».

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