La alcaldesa Carmena «vuelve loca» a la Policía Municipal

Apenas once días después de tomar posesión, la regidora presidía en el Paseo de Coches del Retiro la festividad de San Juan Bautista. En las jornadas previas no estaba muy claro si Carmena asistiría al día grande de la Policía Municipal. Lo hizo, eso sí, sin pasar revista a la formación y acompañada del edil de Seguridad, Javier Barbero, y del distrito, Nacho Murgui . Nada extraordinario si no fuera porque ambos han sido miembros activos del Patio Maravillas, el colectivo «okupa» con más fuerza de la capital en los últimos ocho años.

Ya ese día se mascaba cierta inquietud entre los presentes. El inspector jefe, Francisco Caletrio, nombrado meses antes por la Corporación del PP, hizo énfasis en sus parabienes hacia los antecesores de Carmena en Cibeles y le pidió, desde la tribuna, que se mantuviera ese clima de entendimiento entre los políticos y los agentes. Ahora Madrid parece haber hecho oídos sordos: quiere desmantelar las Unidades Centrales de Seguridad o «antidisturbios» (UCS) ; va a aumentar, en detrimento del patrullaje a cuatro ruedas, el de bicicletas; ha eliminado los grupos de apoyo en los distritos más conflictivos; se está incumpliendo el convenio de segunda actividad para los funcionarios de mayor edad; se propone crear una unidad contra delitos de odio, cuando estos ya se combaten desde hace años; y hasta quiere cambiar el color de los vehículos patrulla de azul y blanco a amarillo y blanco...

¿Qué está pasando en la Policía Municipal de Madrid? «Es humillante el trato, impera un absoluto desgobierno y no tienen ni idea de la materia», coinciden varias fuentes. Por contra, el consistorio mantiene que quiere «un modelo policial menos represivo y más de proximidad». Un adjetivo, represivo, que nada gusta en un Cuerpo que, desde mediados del siglo XIX , viene aplicando la ley y ordenanzas.

Cuando se supo que la persona que estaba asesorando en materia policial a la alcaldesa era el oficial de Medio Ambiente Andrés Serrano pocos dudaron de que lo alzarían a un puesto de relevancia. Afiliado primero a Izquierda Unida, luego a Convocatoria por Madrid y, finalmente, a Podemos, se convirtió en director general de la Policía Municipal.

Conocida era ya entonces su postura contraria a las UCS, los antidisturbios del Cuerpo. Y así anunció su superior inmediato, el concejal Barbero, el 24 de junio, que los municipales dejarían de participar en desahucios , como si eso dependiera de él y no de un mandamiento judicial. «Algo tendrá que decir al respecto el Cuerpo Nacional de Policía», fue la respuesta a ABC cuando se le preguntó sobre quién participaría, entonces, en un alzamiento conflictivo.

Dicho y hecho. Serrano y Barbero, que consideran que las Unidades Centrales de Seguridad no tienen encaje legal (el reglamento del Cuerpo sí que se lo da en materia de orden público y contención de masas), quieren laminarlas. Como su modelo aún no se ha concretado, se barajan dos opciones: suprimirlas directamente o dejar solo uno de los dos grupos que conforman las UCS.

Sindicatos policiales como CPPM o la asociación APMU consideran que una medida así podría poner en entredicho la seguridad de una ciudad como Madrid, con casi 3,5 millones de habitantes .

Otra de las ocurrencias del concejal Javier Barbero es el anuncio de la creación de una unidad contra delitos de odio. Algo que sorprendió a propios y extraños, porque, como es lógico, las agresiones contra personas homosexuales, extranjeras o por su ideología se persiguen desde hace muchos años. El procedimiento habitual es el siguiente: se produce un ataque contra cualquier ciudadano de uno de estos colectivos y los agentes actúan.

Si en el caso en cuestión los policías constatan que se trata de un suceso motivado por alguno de los supuestos referidos, lo hacen constar en el atestado. Y es entonces cuando la Fiscalía o el juez instructor deciden tramitarlo como delito de odio.

En el supuesto de que nos encontráramos con grupos organizados, por ejemplo, de corte neonazi , la Brigada de Información de la Policía Nacional es la encargada de las investigaciones. No sería, en este caso, de una atribución de la Policía Municipal. De ahí que se tache de ignorantes en la materia a los próceres municipales.

Estos argumentan que el Cuerpo local tiene que cumplir el programa político de Ahora Madrid; una falacia más, puesto que los agentes lo que tienen es el mandato de hacer acatar la ley y ordenanzas vigentes, no ningún ideario particular.

Lo que sí hace la Policía Nacional es, desde hace un año, animar a colectivos desprotegidos a denunciar cualquier tipo de delitos de los que sean víctimas, para lo cual pueden dirigirse a las comisarías locales y de distrito.

El 25 de septiembre, tras 78 días allí asentados, el ayuntamiento ordenó a la Policía Municipal que desalojara a los antisistema acampados en la misma puerta del Palacio de Cibeles. Carmena se vio obligada a hacerlo después de que un grupo de neonazis también tomaran parte de la calle, solo unos metros más allá, y tras las continuas quejas recibidas.

El operativo se llevó a cabo a las cuatro de la madrugada y por orden expresa de la alcaldesa, que cedía así, tras la petición por carta realizada por la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa . Y eso que el concejal de Seguridad, Javier Barbero, quería que el Cuerpo Nacional de Policía solo retirara a los ultraderechistas, y no a los radicales de izquierdas.

El primer grupo en asentarse en la zona protestaba contra la Ley de Seguridad Ciudadana y se autodenominaba «Acampada mordaza». Entre los carteles que colgaron había uno que fue el que más malestar provocó entre los agentes: el acrónimo ACAB («All cops are bastards»), que traducido significa «Todos los polis son unos bastardos».

En un principio, no se hizo nada contra ellos. Las UCS querían actuar, pero un mando les explicó que «la autoridad competente» lo había prohibido expresamente. La orden, en concreto, era «que no se hiciera absolutamente nada» contra ellos. Es más, ni siquiera se les podía identificar, pese a estar en el perímetro de seguridad municipal. Tras la presión de los agentes, Javier Barbero bajó en persona y pidió a los acampados que retiraran la pancarta.

La supresión del Grupo de Apoyo Zonal de la Policía Municipal ( GAZ ), ha desembocado en una grave crisis, la penúltima, en el seno del Cuerpo. Y, por lo pronto, se ha saldado con un expediente disciplinario al subinspector de la zona suroeste. Lo mínimo que le puede pasar es que se quede sin empleo y sueldo durante tres meses. El castigo puede llegar a los dos o tres años.

Ya lo adelantó ABC el pasado 3 de noviembre. El polémico director general de la Policía Municipal, el oficial Andrés Serrano (afiliado a Podemos), anunció que acababa con el GAZ, que fue creado en septiembre de 2014. Lo conformaban 25 agentes de paisano y daba servicio en las Unidades Integrales de los Distritos (UID) de Arganzuela, Villaverde, Usera, Latina y Carabanchel . Estos funcionarios, de paisano, luchaban contra la venta ambulante, el botellón, el control de animales peligrosos en zonas verdes y la incautación de drogas y de armas, y con excelentes resultados estadísticos. Ahora, pasan a engrosar la nómina de policías uniformados, con lo que su visibilidad es mayor y, por tanto, redunda en una menor efectividad al ser fácilmente identificados por los delincuentes.

Toda esta polémica no gustó nada al subinspector de la zona suroeste, Emilio Rodríguez del Corral , bajo cuya batuta trabaja el GAZ. Ante la orden recibida por el inspector jefe, Francisco Caletrio, se negó a suprimir el GAZ, pues considera que su operatividad está más que probada. Para colmo, su expediente no ha pasado por Asuntos Internos, sino que ha llegado directamente a Gestión Disciplinaria, para que se tramite más rápidamente.

El Ayuntamiento de Madrid planea cambiar el color de los coches de la Policía Municipal: la idea es que sean blancos y amarillos. Así lo adelantó ABC tras la reunión del pasado miércoles de los responsables de Seguridad con los sindicatos de la Comisión de Vestuario. En el encuentro, especificaron que será el 15 de diciembre cuando lleguen a Madrid los 115 vehículos de cuatro ruedas del nuevo «renting»: 75 Renault Scenic, 15 Koleo, 15 Traffic, 1 pick-up, 8 Kangoo sin rotular y otro Traffic también sin distintivo.

La polémica llegó cuando se ha sabido que el Consistorio quiere que sean amarillos y blancos, y no azules y blancos, como ahora. Tanto CSIT como APMU manifestaron su oposición a ello, pues consideran que tienen que ser oscuros, por razones de operatividad. También reclamaron que el volumen de las sirenas sea más alto , pero el ayuntamiento de Ahora Madrid, como el anterior del PP, cree que eso vulneraría la ordenanza de Medio Ambiente, en lo relativo a la contaminación acústica. Los coches patrulla se desinfectarán cada seis meses.

El asunto de los colores ha dado más de sí desde entonces. El modelo que se reproduce arriba iba a ser el inicial, pero el ayuntamiento finalmente ha optado por que los parachoques sean blancos. ¿La razón? Que la pintura amarilla es más costosa cuando haya que reponerla tras una colisión o cualquier desperfecto. La versión que da el consistorio es que los nuevos colores permitirán homologar los vehículos a la normativa europea. Eso sí, seguirán siendo menos de los necesarios, según denuncian los sindicatos.

El Área de Seguridad y Emergencias decidió hace tres semanas extinguir la Junta Pro-Huérfanos de la Policía Municipal, creada en 1959. Una nota interna de la Dirección General de la Policía Municipal, cuyo responsable es el oficial Andrés Serrano, informaba el 19 de octubre sobre la petición recibida: «La urgencia en el inicio de la tramitación para la regulación de los fondos de los bares (en referencia a las tres cantinas que quedaban operativas en sedes policiales) y la Junta de Huérfanos».

La respuesta fue la siguiente: «Se requiere para que, con carácter inmediato, se comuniquen las actuaciones iniciadas para regularizar la situación planteada respecto a las cantidades correspondientes a los fondos de los bares y a la extinción de la Junta Pro-Huérfanos».

El 24 de octubre, APMU remitió una carta a Serrano en la que exponía su anteproyecto para que la extinta Junta se convirtiera en una Fundación, y así mantener viva su utilidad. La Asociación proponía que el saldo remanente en las cuentas de la Junta y el dinero de las cantinas sufragasen la creación del organismo. Pero fue entonces cuando saltó el escándalo de la presunta «caja B» en los bares de la Policía.

El Ayuntamiento de Madrid ha llevado el caso a la Fiscalía y ha destituido al responsable de Gestión Económica. La presunta irregularidad podría llevar practicándose desde hace décadas.