La Transición Española

Aquellas elecciones de hace 40 años

El profesor de Historia Contemporánea y autor del libro «La legalización del PCE», Alfonso Pinilla, hace un repaso de los antecedentes y el ambiente inmediatamente previos a los comicios

Ciudadanos españoles acuden a votar en los comicios de 1977 - Luis Ramírez
Alfonso Pinilla - Actualizado: Guardado en:

El 6 de julio de 1976, tres días después de ser nombrado presidente del Gobierno, Adolfo Suárez comparece ante las cámaras de televisión para apostar firmemente por la democracia: «Si la sociedad española aspira a una normalización democrática, creo que nuestra obligación es tratar de conseguirla». Y coloca la proa de la nave hacia unas elecciones generales, libres, a celebrar antes del 30 de junio de 1977: «La meta última es muy concreta: que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles, y para ello solicito la colaboración de todas las fuerzas sociales del país».

Una compleja, incierta y delicada operación política se iniciaba, cuyo principal objetivo era transitar sin prisa, pero sin pausa, hacia una democracia homologable al occidente europeo desde unas estructuras políticas dictatoriales. Cuadratura del círculo, reforma profunda y veraz, apuesta por las libertades esenciales en vez de juego cosmético y terminológico en torno a la «apertura» o la «perfectibilidad» de unas instituciones cada vez más anacrónicas. Esos trucos dialécticos pertenecían a otra época, la del querer y no poder de aquel «espíritu del 12 de febrero» que pareció iniciarse con Arias Navarro, y que pronto sería abortado por el inapelable «gironazo» del búnker. Ahora la democratización iba en serio, y se demostró con el sorprendente harakiri de las Cortes franquistas que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1976, cuando el 81 % de los procuradores aceptaron el paso «de la ley a la ley» –la demolición programada de la estructura institucional y jurídica de la dictadura– ideada por Torcuato Fernández Miranda desde la atalaya de su presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Suárez y Torcuato se fajaron ante tres posturas en aquellas Cortes: una, la de los inmovilistas, recalcitrantes nostálgicos del 18 de julio; dos, la de los reformistas, convencidos de que el régimen de Franco estaba obsoleto y tenía que adaptarse a las democracias que lo rodeaban; y tres, la de los indecisos, que temían ser arrastrados por los vientos encontrados de una Historia en evolución permanente.

El tándem Suárez-Fernández Miranda utilizó la debilidad –quizá el miedo– de los procuradores indecisos para inclinar la balanza hacia su proyecto, pues no hay nada más eficaz en tiempos de crisis que satisfacer las expectativas de supervivencia. Para tener presencia política en el futuro, había que cambiar el presente, y este argumento atrajo a los procuradores que no darían «su brazo a torcer» a favor del cambio sin ciertas garantías de continuidad. Fruto de tal acuerdo es, por ejemplo, nuestra ley electoral que ya se define aquí: muchos indecisos –cercanos a la Alianza Popular de Fraga– apostaban por un sistema mayoritario, mientras Suárez quería uno proporcional. La síntesis de ambas posturas, que a la postre permitiría el famoso harakiri, se tradujo en nuestra actual ley: proporcional, pero corregida en sentido mayoritario.

Pero el Rubicón que aún quedaba por cruzar antes de la primeras elecciones era, sin duda, la legalización de un Partido Comunista de España sin cuyo concurso nada sería creíble. El 8 de febrero de 1977 aprueba el gobierno el decreto Ley de Asociaciones Políticas y se da el banderazo de salida para la inscripción de los partidos. El PCE presenta sus estatutos en el Registro de Asociaciones el 11 de febrero, y hasta el 9 de abril no será legalizado. La operación viene de lejos, es delicada y levanta una considerable tormenta de malestar militar. Del «no a Carrillo y a su partido» que Suárez formula a lo largo de todo 1976, el presidente del gobierno pasa al «puede ser», tras constatar la madurez con que el PCE organiza y gestiona el sobrecogedor entierro de los abogados laboralistas asesinados por la ultraderecha en Atocha a finales de enero de 1977.

Muy pronto el «puede ser» se convertirá en un «sí» tras la reunión secreta que Suárez y Carrillo mantienen el 27 de febrero de 1977 en un chalé que José Mario Armero –enlace del presidente ante la cúpula comunista– posee a las afueras de Madrid. Allí, bajo la bruma de los cigarros y la incesante lluvia, se establece una relación simbiótica entre ambos líderes: Carrillo necesita la legalización que Suárez puede concederle para influir en el tránsito hacia la democracia después de cuarenta años de exilio; Suárez necesita el concurso del PCE antes de la primera cita electoral para legitimar su reforma hacia la democracia, porque sin el primer partido de la oposición, las elecciones serán mascarada, filfa, pura fachada. Legalidad por legitimidad, he ahí el trueque que explica la legalización del PCE y sirve de antesala a la cita del 15 de junio.

El generalato nostálgico del franquismo rompe con Suárez tras el «sábado santo rojo». Se incuba así una tormenta militar que estalló el 23-F pero que venía gestándose, imparable, a lo largo de toda la Transición. Y para añadir fuego a la gasolina, los atentados de ETA, cada vez más numerosos, subían los decibelios de un ruido de sables que había dejado de ser rumor para convertirse en seria amenaza.

El 7 de junio de 1977, a menos de quince días de la cita electoral, José Mario Armero escribe en su diario: «Poco antes de las 2 me llama Adolfo Suárez. Ha tenido una reunión con militares y policías con vistas a las elecciones. Me encarga pida a Santiago Carrillo el máximo cuidado con las alegrías de las elecciones. Le preocupan de nuevo los problemas con la Marina». La dimisión del ministro Pita da Veiga dos días después de la legalización comunista, así como el incendiario comunicado del Consejo Superior del Ejército del 14 de abril, amenazando al gobierno con un golpe de mano si no se respeta la bandera, la monarquía y la unidad de la patria, ya habían calentado los ánimos en los cuarteles. Ahora, una posible victoria de las fuerzas de izquierda en las elecciones de junio eleva especialmente la tensión en el instituto armado, y Suárez vuelve a temer por la democracia. Nada es seguro, todo es posible. El fracaso puede estar a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, el presidente cuenta con poderosos avales para presentarse a las elecciones de junio. La administración Carter le ofrecerá apoyo político y económico para enfrentar la cita electoral. De nuevo Armero, convertido ahora en interlocutor de Suárez con el gobierno estadounidense, escribe en su diario personal el 22 de mayo de 1977: «Me llama Adolfo Suárez por teléfono. Hablamos largo rato. Le cuento mi entrevista con Walter Mondale [vicepresidente de los Estados Unidos]. Todo va muy bien con USA. [Mondale] ha hablado con Carter por teléfono y ofrecen la ayuda económica cuando quieras y como quieras. No desean decirlo para evitar se hable de colonialismo americano».

¿Esa ayuda sirvió para financiar parte de la campaña electoral de UCD?, ¿o se trataba más bien de una concesión económica al Estado español para consolidar su incipiente democracia, una vez se hubieran celebrado las elecciones? ¿En qué se sustanció esa ayuda, cómo cristalizó? No dispongo de pruebas documentales para decantarme hacia una u otra explicación, pero de estos contactos al más alto nivel con la administración estadounidense quedan claras dos cuestiones: una, que Carter apuesta claramente por Suárez y su reforma hacia la monarquía parlamentaria; y dos, que los historiadores debemos seguir profundizando en la dimensión internacional de la Transición, pues algunas potencias occidentales como los Estados Unidos, la República Federal de Alemania o Francia influyeron especialmente en el tránsito político hacia la democracia, aunque no lo determinaran. Habrá que definir, en fin, los contornos y la intensidad de esa influencia.

Los resultados de hace cuarenta años concedieron el poder a Suárez, invistieron a Felipe González como líder de la oposición, postergaron al PCE de Carrillo a un discreto tercer plano y supusieron un duro varapalo para la conservadora Alianza Popular de Fraga. Los españoles se habían decantado por la reforma y la reconciliación, rechazando cualquier sigla y liderazgo que recordara los dramas de la Guerra Civil. Eran, sí, nuevos tiempos y nueva política, caracterizados por el relevo generacional y la emergencia de profundos retos para una España que había vivido de espaldas a Europa y a su propia ciudadanía, evitando la manifestación libre de la pluralidad política. En aquella España presa, durante cuarenta años, de sectarismos y banderías, el adversario era sistemáticamente convertido en enemigo, vapuleado e insultado.

Durante el debate sobre la Ley para la Reforma Política, el inmovilista José María Fernández de la Vega aludió a la oposición calificándola de «misérrima». Fernando Suárez, uno de los ponentes defensores de la Ley que abriría el camino hacia la democracia, le respondió desde la tribuna: «Hemos pensado siempre, y no desde hace unos meses, que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados desde sus momentos germinales a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional, una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado, en la que no sea posible que un español llame ‘misérrima oposición’ a quienes no piensen como él».

Cuánta falta hace que hoy, en estos tiempos que también son de crisis, esperanza y nueva política, se escuchara este tono en las Cortes, este fondo y estas formas. Sobre todo para que los adversarios, nunca enemigos, pudieran enfrentar juntos grandes asuntos de Estado como el desafío secesionista en Cataluña, el futuro del Estado del Bienestar, el papel de España en la Unión Europea, la regeneración de nuestra democracia... Porque al desperdiciar el presente entre diatribas y cortoplacismos, estamos negando el futuro. Y no conviene olvidar a Heráclito cuando nos recuerda que «nada es permanente excepto el cambio».

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