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La Xunta trasladará en semanas su informe jurídico sobre la segregación de Ferroatlántica

«Vamos a cumplir con la ley y por lo tanto salvaguardando en todo momento el interés público», apuntó Conde

Instalaciones de Ferroatlántica en Cee MUÑIZ

MARIO NESPEREIRA

Ante los alcaldes de la Costa da Morte, el Gobierno gallego puso ayer blanco sobre negro el laberíntico proceso de Ferroatlántica en la Costa da Morte . Fue en una reunión convocada en el edificio administrativo de la Xunta en Santiago. Alberto Núñez Feijóo trasladó a los alcaldes lo que antes ya había perfilado en público: los servicios jurídicos de la administración examinan la solicitud de segregación presentada por la empresa . Pero, en esta ocasión, ofreció a los representantes políticos de la zona un plazo de tiempo para trasladar las conclusiones técnicas de la administración. En cuestión de semanas —quince días, según algunos regidores—, la Xunta dará a conocer en qué situación jurídica se encuentra Ferroatlántica y qué posibilidades legales tiene para poder deshacerse de sus centrales.

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, valoró a la salida del encuentro, de casi dos horas, las posiciones de partida. « Vamos a cumplir con la ley y por lo tanto salvaguardando en todo momento el interés público. Creo que eso es lo más relevante. manteniendo lógicamente la actividad industrial en la Costa da Morte», apuntó.

La administración gallega mide sus intervenciones para no precipitarse. Primero, esperarán a que los asesores jurídicos del Gobierno culminen el informe sobre la viabilidad de la segregación. Después, será hora de tomar una decisión sobre su puesta en marcha y qué futuro recae sobre los saltos hidroeléctricos de los ríos Xallas y Grande. Es ahí donde entran en liza una seria de factores que, para Conde, todavía no están «encima de la mesa».

Por encima de todos ellos sobresale el plan industrial. Un programa de gasto anunciado por la empresa, y mediante el cual se invertirían 102 millones entre sus sedes de la comarca coruñesa y Sabón. Para la firma, la ejecución de todos los desembolsos es razón suficiente para que la Xunta pueda garantizar el interés público estipulado en la actual concesión. Un dictamen firmado por dos catedráticos de Derecho Administrativo de la USC avala, además, esta tesis .

La incógnita, sin embargo, es si los compromisos del plan son los suficientemente estables para garantizar que uno de los motores económicos de la Costa da Morte no se va a gripar. De soslayo, el conselleiro de Industria lo puso en duda: «Sobre ese plan industrial no hay ningún tipo de garantías», afirmó. Ahora se trata de separar lo urgente de lo importante . Y lo urgente es ver sobre qué cimientos jurídicos puede descansar la decisión la Xunta. «No otro tipo de aspectos», añadió el responsable de Economía del Ejecutivo de Feijóo.

«Seamos realistas»

Algunos de los cargos municipales presentes en la reunión se sumaron a la opinión desvelada por Francisco Conde sobre los compromisos empresariales. «Digamos que no presenta garantías para que se pueda cambiar la concesión actual» , aseguró Ramón Vigo, alcalde de Cee, uno de los municipios más afectados por la amenaza de venta de las hidroeléctricas. «Veo dificultades de que, si se venden las centrales, se pueda mantener la empresa», alertó. Una opinión más matizada expresó el teniente alcalde de un concello vecino, el de Dumbría. Xosé Antonio Casais cree que se debe «defender la permanencia de la empresa. No se trata de defender a una parte. Seamos realistas»,

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