El director xeral de Xustiza invita a pasar a la reunión a los representantes sindicales
El director xeral de Xustiza invita a pasar a la reunión a los representantes sindicales - EFE
Huelga de Justicia

La Xunta da por roto el diálogo con las centrales tras rechazar una nueva oferta

El Gobierno gallego ofreció una subida salarial por cuerpos que alcanzaría los 135 euros en algunas categorías. Los sindicatos avanzan que seguirán con la huelga e insisten en reclamar un aumento de 190 euros mensuales

SantiagoActualizado:

Vuelven a saltar por los aires las negociaciones entre Xunta y sindicatos para tratar de desbloquear la huelga de la Justicia. El Gobierno gallego dio por roto el diálogo con las centrales después de que los representantes de los trabajadores rechazasen este lunes la octava oferta de subida salarial que el Ejecutivo autonómico ha puesto encima de la mesa desde el inicio del conflicto. En concreto, y frente al alza lineal de 105 euros que la Xunta ofreció en el último encuentro, los representantes del Gobierno gallego trasladaron ayer a los funcionarios de Justicia una subida por cuerpos que alcanzaría los 135 euros al mes para los forenses, 133 para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio. Además, la propuesta incluiría una cláusula que garantizaría la realización de revisiones periódicas dirigidas a garantizar que las cantidades percibidas por los funcionarios gallegos estén siempre por encima de la media del resto de comunidades, cumpliendo así una de las principales demandas de este colectivo desde que estalló el conflicto.

Desde el comité de huelga insistieron en rechazar esta nueva oferta por entender que es «muy parecida a la anterior», ya que hay cuerpos en los que no se han incrementado las cantidades y otros en los que el alza ha sido de apenas «tres euros». «No es aceptable. Es un chantaje que entendemos que no podemos aceptar», valoró Manuel Tejada, presidente del comité de huelga, que insistió en solicitar una subida de 190 euros mensuales para el conjunto de los funcionarios de justicia. Tras el «no» de las centrales, los representantes de la Xunta encabezados por la secretaria general técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña, y los directores generales de Justicia y Función Pública, Juan José Martín y José María Barreiro, trasladaron a los medios de comunicación la ruptura de las negociaciones y aseguraron que no está prevista la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de negociación.

«Al final encalló el tema de las cuestiones económicas», lamentó Juan José Martín, al tiempo que aseveró tajante que esta es la «oferta final» por parte del Ejecutivo autonómico. En este sentido, el responsable del área de Justicia instó a los sindicatos a reflexionar y a valorar esta nueva subida, ya que —matizó— «no va a haber más llamadas» por parte del Gobierno gallego. El representante de la Xunta en la mesa de negociación confirmó el entendimiento existente entre las partes en las otras cuatro reivindicaciones de los sindicatos, hasta el punto de asegurar que están «para ser redactadas y firmadas» a la espera de algunos «flecos de redacción». Sin embargo, Juan José Martín criticó la decisión de las centrales de «enrocarse» demandando 190 euros más al mes, una cantidad que desde la administración autonómica consideran inasumible, ya que a ese incremento habría que sumarle la subida de sueldos pactada con el Ministerio de Hacienda y cuyo pago también le correspondería al Ejecutivo autonómico.

«Medidas de presión»

Por su parte, desde los sindicatos confían en que los representantes del Gobierno gallego «recapaciten» y convoquen una nueva mesa de negociación «cuanto antes mejor». En todo caso, y tras conocer las palabras del director general de Justicia asegurando que «no va a haber más llamadas», el presidente del comité de huelga avanzó que tomarán «medidas de presión» para intentar que la Xunta dé su brazo a torcer. Además, los sindicatos que forman el comité de huelga restaron importancia a la subida planteada durante el día de ayer y señalaron que, de aceptarla, estarían en 2020 al mismo nivel salarial que otras comunidades que cerraron sus acuerdos en 2008, por lo que estas autonomías les llevarían «más de una década de ventaja» en cuanto a ingresos.