Un incendio entra en las propiedades de los vecinos de San Cristovo de Cea (Orense)
Un incendio entra en las propiedades de los vecinos de San Cristovo de Cea (Orense) - EFE/BRAIS LORENZO

La Xunta indemniza con 75.000 euros a las familias de las víctimas

La administración pagará hasta el 100% de la reparación de las viviendas afectadas por el fuego

SantiagoActualizado:

Como «prioridad absoluta» de la Xunta, las familias de las cuatro víctimas mortales en la ola de incendios recibirán una indemnización de 75.000 euros. Las ayudas forman parte del decreto «paraguas» que ayer aprobó el Consello para resarcir a los afectados por el fuego. Además de la indemnización, la resolución de medidas urgentes contempla una ayuda de entre 60 y 103 euros por día de hospitalización. Son, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, la «cara más amarga» de la quema masiva del monte.

Pero la administración autonómica también colaborará en la reparación o sustitución de los daños materiales. Los propietarios de las 32 viviendas afectadas o destruidas por las llamas recibirán un ayuda directa, en función de si cuentan con una póliza de seguro en vigor, si se trata de una residencia habitual o el grado de afectación de los inmuebles. En el primero de los supuestos, la Xunta habilitará una «línea se asesoramiento» para tramitar los partes de daños con las aseguradoras. Si el fuego calcinó por completo una vivienda habitual, el Ejecutivo pagará el 100% de las reparaciones. También consignará una partida presupuestaria para la reconstrucción de naves industriales, locales comerciales o la restauración de activos municipales, como el alumbrado o las redes de saneamiento.

Incendios y terrorismo

En su comparecencia posterior al Consello, el presidente del Gobierno gallego volvió a reclamar que los delitos cometidos por los incendiarios sean «asimilados» a los actos de terrorismo. «Porque detrás de esto está atentar contra la vida de las personas, y si no que se lo digan a las cuatro familias que perdieron a sus padres y sus madres», expuso. Después de haber trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que lo ocurrido en Galicia es un problema de «orden público», el dirigente autonómico aseguró que ha llegado el momento de «reabrir una reflexión profunda» sobre «las condiciones que tienen que darse para que un incendiario vaya a juicio».