Anxela López Leiceaga (Vigalicia) recibe ayuda de su asistente personal
Anxela López Leiceaga (Vigalicia) recibe ayuda de su asistente personal - MIGUEL MUÑIZ

«Con treinta horas sólo podemos subsistir»

Usuarios de asistencia personal piden una ampliación de la prestación. Diversos estudios calculan un retorno mayor que el generado por la atención residencial

SantiagoActualizado:

A principios de 2007, con la ley de atención a la dependencia ensayando aún sus primeros pasos, el Parlamento gallego respaldaba por unanimidad un proyecto pionero, que instaba a la Xunta a habilitar a lo largo de ese mismo año un programa piloto de asistencia personal y tecnológica, como experiencia de partida para evaluar las oportunidades de esta modalidad de apoyo en la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. La iniciativa había empezado a fraguarse en 2005, cuando un grupo promotor integrado por activistas por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional trasladaba al Gobierno gallego una propuesta inspirada en la filosofía del Movimiento de Vida Independiente, nacido a finales de los años 60 en Estados Unidos para la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Bajo el lema «Nada sobre nosotros sin nosotros», el colectivo definía la asistencia personal como herramienta idónea para devolver a las personas en situación de dependencia la capacidad de autogestionar su vida de acuerdo a su proyecto vital.

Una década después de aquel paso pionero de la Comunidad gallega, los promotores del programa —hoy constuidos como asociación, Vigalicia— advierten de que son muchos los territorios que han adelantado al modelo gallego con programas de asistencia mucho más garantistas y respetuosos con su filosofía de base: brindar los apoyos necesarios para facilitar la inclusión real. En reuniones con los grupos parlamentarios en los últimos días de 2017, y en contactos con la nueva directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Vigalicia ha reiterado la necesidad de reconducir el modelo, para favorecer la autogestión (demandan una regulación que favorezca la contratación directa del asistente para evitar la pérdida de recursos en intermediaciones) y garantizar la independencia de los usuarios.

En el decreto de 2010, la Xunta reguló la prestación económica para asistencia personal como una asignación máxima de 1.300 euros al mes equivalente al salario de un asistente durante 120 horas mensuales (30 por semana, frente a las 40 contempladas en el piloto de 2005). La prestación, apunta Anxela López Leiceaga, presidenta de Vigalicia, está sujeta a copago desde la primera hora a partir de recursos equivalentes a 2,5 veces el Iprem. «Treinta horas semanales sólo alcanzan para subsistir; para cubrir actividades básicas. La Administración sigue imbuida en un sistema asistencialista, reduciendo una herramienta pensada para garantizar la vida independiente y la igualdad de oportunidades a una prestación de caridad y de subsistencia», sostiene. «Fuera de esas 30 horas también necesitas salir de la cama», indica la presidenta de Vigalicia. «¿A qué esperan? ¿A que machaquemos a nuestras familias hasta que no puedan más?», pregunta.

Retorno social y económico

Galicia llegó primero, y reguló una prestación estable, pero a día de hoy, apunta López Leiceaga, son varios los territorios que, aun con programas pilotos no consolidados, han adelantado a la Comunidad con prestaciones más amplias. En el caso de la Comunidad de Madrid, las personas en situación de dependencia cuentan con 77 horas semanales libres de copago, y cinco horas adicionales para circunstancias excepcionales en las que sí se aplica la participación económica del usuario a partir de 3,5 veces el Iprem. Andalucía o Barcelona (con un plan municipal) mantienen un modelo exento de aportación y sin límite horario.

Más allá de la contribución de esta herramienta al empoderamiento de las personas, sus defensores ponen sobre la mesa resultados económicos favorables, con un retorno mayor al que genera la inversión en centros residenciales. Según el análisis econométrico realizado en la Comunidad de Madrid, la asistencia personal devuelve 132,16 euros por cada cien invertidos por persona y año, frente a los 76,36 calculados en el caso de las plazas residenciales. También el Ayuntamiento de Barcelona estimó el retorno de su programa en 2,71-3,20 por cada euro invertido y un estudio de la Universidad Internacional de Andalucía elevó la cifra a 3,62, sopesando salarios y cotizaciones de los asistentes contratados, ahorros de la administración en otro tipo de prestaciones o la mejora de oportunidades laborales de los cuidadores familiares. Aun así, la asistencia personal sigue siendo una modalidad de apoyo residual, que en Galicia supone el 0,16% de las prestaciones de dependencia en marcha.