Sólo un 14% de usuarios de la Risga dejó la ayuda por acceso a ingresos

Menos del 14% de las personas que a lo largo de 2016 dependieron de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) pudieron abandonar la prestación por acceso a otras fuentes de ingresos . El dato de emancipación económica, recogido en la memoria anual de evaluación, supone tres puntos porcentuales menos que en ejercicio previo y equivale a 1.970 usuarios que dejaron de precisar el respaldo de la ayuda de inclusión. Ligada a un programa de intervención social y acompañamiento hacia la autonomía, la Risga es la prestación autonómica de referencia para hogares sin recursos y sin acceso a ingresos contributivos. Su demanda, estabilizada en los años previos a la crisis en 2.000-2.500 solicitudes anuales, comenzó a dispararse desde los primeros años de recesión y especialmente a partir de 2011, a medida que se agotaban los subsidios de desempleo de los trabajadores golpeados por la destrucción de empleo. En 2013 se alcanzó el pico máximo de solicitudes : 7.704, un 189% más que las registradas cinco años atrás. A partir de ahí, la cifra cayó en 2014, para crecer de nuevo en 2015, y repetir ascenso en el último año. Según la memoria publicada por Política Social, en 2016 se registraron 6.804 peticiones de ingreso, un 4,48% más que en el ejercicio anterior.

En mayor medida se incrementó el volumen de usuarios del dispositivo: al cierre del último año eran 10.761 las personas vinculadas a la Risga , un 10,78% más que en diciembre de 2015, si bien el número de usuarios que por más o menos tiempo recibieron la Risga en algún momento de 2016 ascendió a 14.223 (frente a los 13.968 del ejercicio previo). La inversión destinada por Política Social también creció en el entorno de los seis millones , hasta una cifra final de 56,2 millones.

La evaluación anual sitúa en 106 días el tiempo medio de resolución de las solicitudes (el cómputo se interrumpe cuando es necesario requerir documentación adicional para continuar el trámite), recortando en algo más de dos meses los plazos de tramitación registrados el pasado año.

La Ley de Inclusión de Galicia aprobada en 2013 y en vigor desde enero de 2014 reguló una reforma de la renta de integración, encaminada a mejorar la respuesta de esta prestación al nuevo perfil de demandante generado por la destrucción de empleo y la irrupción de la crisis económica . El decreto que debe desarrollar el nuevo esquema de la nueva renta de inclusión sigue pendiente de publicación.